Nueva York. El debate entre el gobierno de Estados Unidos y el ex secretario de Seguridad Pública de México arrancará esta semana tan pronto concluya la selección de un jurado de 12 ciudadanos quienes al final del proceso tendrán que decidir si Genaro García Luna es culpable o no culpable de narcotráfico en el juicio de un funcionario mexicano de más alto rango jamás presentado ante un tribunal estadunidense.

El ex secretario enfrenta una condena máxima de cadena perpetua y una mínima de 20 años de prisión con cinco cargos criminales federales, cuatro por participar en una conspiración para traficar cocaína y una por hacer declaraciones falsas ante autoridades estadunidenses.

El eje de la acusación es que entre 2001 y 2012 cuando era primero director de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Vicente Fox y después secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, García Luna aceptó sobornos multimillonarios a cambio de proteger al cártel de Sinaloa. Se afirma que continuó lucrando con ese dinero ilícito hasta su arresto en Dallas en 2019.

Este martes está programada la última fase del proceso de la selección del jurado y algunos alternos (para sustituir a un integrante del grupo de 12 en caso de emergencia, salud o por ser expulsado).

Eso será seguido casi de inmediato por el inicio del juicio en sí con la presentación de los argumentos de apertura del equipo de fiscales federales representando al Departamento de Justicia de Estados Unidos y por el equipo de abogados de la defensa de García Luna. El acusado estará fisicamente presente en todas estas sesiones, como lo será hasta culminar el juicio.

En los juicios criminales como éste, la defensa no tiene que comprobar que el acusado es inocente sino es responsabilidad de la fiscalía convencer al jurado de que el acusado es culpable “más allá de duda razonable”.

Por lo tanto, la tarea de la defensa a lo largo del juicio es sembrar dudas donde pueda, sobre todo en los contra-interrogatorios de testigos cooperantes, donde señalarán por ejemplo que están declarando bajo un acuerdo con los fiscales y a cambio de una condena reducida y por lo tanto se tiene que cuestionar sus motivos.

Igual, la defensa buscará generar dudas sobre las pruebas que se presenten en el juicio y podrían convocar a testigos “expertos” para cuestionar evidencia presentada por los fiscales del gobierno.

Por ahora, no se ha revelado la lista de testigos que podría convocar cada parte. En casos de testigos se llegó a un acuerdo previo donde, dependiendo de su nivel de protección, serian anunciados tres días antes o a veces con sólo con 24 horas de aviso. La fiscalía ha indicado que está contemplando unos 24 testigos.

Se ha especulado sobre la identidad de los ex narcotraficantes que los fiscales han indicado estarían entre los testigos cooperantes, algunos protegidos (o sea, ya les fueron otorgadas no sólo sentencias reducidas sino nuevas identidades y residencia secreta en este país).

La defensa encabezada por los abogados César de Castro y Florian Miedel ha recibido de los fiscales más de un millón de páginas de documentos, cientos de grabaciones audio, material gráfico y datos en discos duros y otros datos digitales. En estos casos, la fiscalía tiene que compartir con la defensa la evidencia que estará presentando en este caso, o sobre la cual se sustenta sus acusaciones y alegatos.

El equipo de fiscales, encabezados por Breon Peace, también ha compartido extenso material sellado -o sea, clasificado por el juez a petición de la fiscalía- sobre los testigos, documentos de operaciones y métodos policiacos que no deben ser revelados en público hasta el juicio.

Los fiscales han calculado que el juicio podría durar hasta dos meses. El juez federal Brian M. Cogan quien preside el caso, incluyendo el juicio, ordenó que se sesionara de lunes a jueves cada semana.

Cogan fue el mismo juez que presidió el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán Loera y el juicio de García Luna se realizará en la misma sala del Tribunal Distrital de Estados Unidos del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn.

El jurado operará bajo condiciones de seguridad que incluyen el anonimato y medidas de protección al entrar y salir del tribunal, supuestamente por el peligro potencial en un caso sobre narcotráfico.

García Luna fue arrestado en Dallas en diciembre de 2019 y trasladado al Centro de Detención de Brooklyn donde ha permanecido en espera de este juicio y todos los días será trasladado por alguaciles federales de su celda al tribunal.

Un proceso judicial como este puede ser interrumpido en cualquier momento si el acusado decide aceptar su culpabilidad por los cargos en su contra, lo cual suele ser resultado de una negociación entre el acusado y los fiscales del Departamento de Justicia donde a cambio de la declaración de culpabilidad se le ofrece una reducción de su condena y/o acepta cooperar como testigo en otros casos. El Departamento de Justicia había ofrecido darle la categoría de testigo cooperante a cambio de declararse culpable poco después de ser arrestado.