Cuernavaca, Mor. María Luisa Villanueva Márquez, de 48 años de edad y originaria de Ocotillo, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, cumplió el pasado 6 de enero 25 años de prisión y sólo le falta un lustro para cumplir la condena de un delito que nunca cometió pero que, mediante tortura, elementos del grupo antisecuestros de la entonces procuraduría, hoy Fiscalía General del Estado (FGE), la obligaron a confesar, sostienen tanto ella como su abogado, Eutiquio Damián Santiago.

Aseguró que una investigación de la propia procuraduría realizada en 1997 demostró que el lote de joyas que supuestamente tenía María Luisa en su poder, la policía lo recuperó de terceras personas medio año antes de que fuese detenida.

Las joyas estaban relacionadas con un secuestro cometido un año antes, el cual la autoridad nunca investigó y mucho menos detuvo a los responsables. Es decir, retomaron un expediente rezagado y se lo atribuyeron a ella.

El abogado Damián Santiago afirmó que, mediante el Protocolo de Estambul, un grupo de especialistas demostró que hoy María Luisa padece los síntomas de la tortura que padeció durante cuatro días a manos de los agentes (tiempo en el cual estuvo) sin alimentos, sin agua, amarrada a una silla y constantemente violentada en sus derechos.

El estudio ya está incorporado a la investigación y se entregó a la FGE el 12 de septiembre del año pasado, apunta el defensor, quien refiere que esa institución pidió el dictamen para consignar la averiguación de los responsables de torturar a María Luisa para inculparla del secuestro.

Fiscal rehúsa consignar denuncia contra agentes

El fiscal Uriel Carmona Gándara, cuya gestión ha sido muy criticada por diversos casos, se ha negado a consignar la averiguación previa en contra de los agentes que detuvieron y martirizaron a la guerrerense; aunque la detuvieron el 6 de enero de 1998, la presentaron al Ministerio Público el 10 de enero.

La finalidad, apunta Damián Santiago, es acudir con toda esa información al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para reclamar la nulidad de condena y el reconocimiento de inocencia de María Luisa y de que ha pagado injustamente, y que recupere su libertad.

Sin embargo, para la FGE los más de 9 mil 125 días de encierro que ha soportado la afectada en una celda del Centro de Reinserción Social femenil ubicado en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Morelos, no han sido suficientes.

Villanueva Márquez pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para que salga lo más pronto posible sin culpa alguna.

Asegura que no ha perdido las esperanzas de ser declarada inocente y limpiar su imagen ante sus siete hermanos (ella es la mayor) y sus dos hijos, quienes en 1998, cuando fue detenida, tenían 11 meses de nacido, uno, y ocho años de edad, el otro, ahora tienen 25 y 33 años, respectivamente.

En entrevista, mediante un cuestionario que se le hizo llegar con su abogado, María Luisa lamenta que tanto la FGE como el TSJ sólo persigan a mujeres pobres porque, recordó, los policías que la detuvieron le pidieron 200 mil pesos para liberarla, pero ni ella ni sus padres, que vivían y viven del campo, tuvieron para pagar.

Entre las garantías individuales que le han sido conculcadas desde que fue detenida en Zacatepec, el 6 enero de 1998, se encuentran la privación ilegal de la libertad, una sentencia sin fundamento (por un juez del TSJ) y tortura a manos de agentes del grupo antisecuestros, encabezado entonces por Armando Martínez Salgado; además, el encierro le provocó las lesiones y secuelas que hasta hoy padece, como quedó demostrado en el protocolo.

–¿Por qué te condenaron a 30 años, si no eres responsable?

–Por dos razones: primero, por la perversidad infinita de quienes me detuvieron y torturaron, ya que fueron ellos los que decidieron relacionarme con un delito grave (secuestro) y sembraron las primeras evidencias en mi contra, induciendo y manipulando a una persona a señalarme por el delito siendo yo absolutamente ajena.

Segundo, por incapacidad, falta de pericia o confabulación del juez que me sentenció a 30 años de cárcel, condena que fue avalada por los magistrados del TSJ, a pesar de que desde el principio había pruebas de que yo era ajena a los hechos.

El defensor Eutiquio Damián recordó que antes de llegar hasta el pleno del TSJ, la FGE fue la primera institución que bloqueó su demanda. Sus funcionarios insistían en que el caso ya había prescrito, que era cosa juzgada,

Según ellos (la FGE) no había ninguna irregularidad, pero lo que querían evitar era que saliera a la luz pública la fabricación de pruebas y de delincuentes desde la fiscalía de Morelos, reprochó.

Por ello, apuntó, a partir de ese momento se dedicó a buscar pruebas de la tortura que había sufrido María Luisa durante cuatro días para que ésta al fin pudiera salir libre e inocente, ya que ese delito, según el abogado, no ha prescrito.

Cuatro meses después de que entregó el protocolo, “la fiscalía está inamovible, está inerte, no ha sido consecuente con ese dictamen, pese a que la titular de la investigación nos dijo: ‘En cuanto les presente el dictamen de inmediato consignamos la averiguación’ y eso no ha sucedido. No hay justificación para que la fiscalía esté inmóvil, para que no dé el paso siguiente, que sería ejercitar acción penal contra los que aparezcan como responsables de la tortura (a María Luisa)”, recalcó Damián Santiago.

Explicó que si se detiene a los elementos del grupo antisecuestros que todavía vivan, irá ante el pleno del TSJ “con elementos sólidos de la inocencia de María Luisa, que confirman que le fabricaron pruebas y obtuvieron declaraciones mediante tortura.

Con esto, el pleno de togados no podrá decir lo que adujo hace cinco años (2017); hoy tiene que sostener, para ser congruente, que efectivamente a María Luisa le sembraron evidencias, puntualizó el abogado.

María Luisa evalúa declararse en huelga de hambre para exigir que se le haga justicia.