Buenos Aires. El Poder Ejecutivo publica en la noche de este jueves la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, con la solicitud de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia insistiendo además en la ampliación del máximo tribunal, que ya se había planteado anteriormente con el rechazo de la oposición, y el pliego para el nombramiento del juez Daniel Rafecas, para ocupar la Procuración General de la Nación (PGN), que tiene como interino a Eduardo Ezequiel Casal, desde 2017.

Casal remplazó a la entonces procuradora Alejandra Gil Carbó, quien fue perseguida mediáticamente, y por el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, y renunció por las amenazas de muerte contra sus hijas, cuyas direcciones y teléfonos aparecieron en una edición del diario Clarín aliado a la derechista coalición opositora Cambiemos (ahora Juntos por el Cambio, JpC).

JpC advirtió que no dará quórum, ni se presentará en el Congreso mientras se discuta el juicio político a la Corte Suprema, con lo cual se paralizaría el Congreso en este año (electoral). Pero sí participará del debate que comienza la Comisión de Juicio Político, en el Congreso.

De inmediato surgieron voces importantes del oficialismo donde se menciona la palabra “golpe blando”. Y más aún se habló de “extorsión política inadmisible”. En general dentro del peronismo gobernante se menciona la palabra “golpe de Estado blando”.

El anuncio sobre la publicación en el Boletín Oficial la realizó la portavoz del gobierno Gabriela Cerruti destacando que habrá una convocatoria para presentar 28 temas, entre los cuales figura el juicio político a la Corte que se debatirán en sesiones extraordinarias que comenzarán el 23 de enero próximo.

La vocera presidencial dijo que el temario es “suficientemente importante y extenso” y solicitó a la oposición que “entienda que en el libre juego democrático y de las instituciones hay que sentarse a debatir y no extorsionar a la sociedad tratando solo los temas que a ellos les interesa”.

En conferencia de prensa, Cerrutti consideró que la justicia en Argentina “socava el Estado de derecho", en estos momentos.

Hizo referencia los recientes sucesos de un viaje de jueces, fiscales, junto con un empresario del Grupo Clarín y un funcionario en la mansión del británico Joe Lewis, apropiador del Lago Escondido, destacando que esta reunión demostró “que la justicia en Argentina actúa en contra del Estado de derecho”, cuando “se encuentran para organizar fallos judiciales y después arman un intento de encubrimiento".

JpC, que paralizó el Congreso recientemente al no presta quórum para debatir importantes proyectos, ya había adelantado el martes pasado su estrategia frente al pedido de juicio político a los jueces de la Corte Suprema anunciando que participará del debate de la Comisión del Congreso en el caso de que el oficialismo alcance el número por su cuenta, “participar intentando bloquearlo desde adentro”.

El gobernante Frente de Todos advirtió que la posición opositora “es una retribución de favores” para defender “intereses corporativos que han convertido a la oposición, a las corporaciones mediáticas y económicas y a la propia Corte en una especie de triángulo promiscuo donde, en realidad, lo que se defiende son los privilegios de los sectores poderosos", como dijo a Página /12 el diputado y secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Hugo Yasky. 

"Es una postura absolutamente coherente para con sus socios institucionales (…) brindan 'cobertura política' en pago a la 'cobertura judicial' que les permite que la Ciudad de Buenos Aires y (su gobernador) Horacio Rodríguez Larreta tengan más recursos para la campaña presidencial. O que integrantes parlamentarios de JpC ocupen asientos en el Consejo de la Magistratura, sin ser electos por el Congreso, o mantener en prisión a líderes populares como Milagro Sala", dijo a su vez Juan Manuel Pedrini, diputado chaqueño que integra la Comisión de Juicio Político y que responde a Jorge Capitanich -uno de los gobernadores que impulsan con mayor intensidad el juicio político-, sostiene también ese periódico.

El debate va a ser transmitido por el televisión pública y quedarán expuestas todas las acciones de una Corte Suprema, cuyos fallos son siempre en favor de la oposición derechista, habiendo prolongado situaciones injustas y antipopulares (como la ilegal prisión de la dirigente social Milagro Sala ) o impidiendo que se concreten importantes medidas de protección social.