Santiago. La Cámara de Diputados de Chile, tal cual hizo el Senado la semana pasada, aprobó por 109 votos a favor, 37 en contra y 2 abstenciones, la reforma constitucional que habilita la realización de un nuevo proceso constitucional, aunque claramente diferente al que se gestó al calor del estallido social de octubre de 2019, que partió desde una "hoja en blanco" con total soberanía, y que finalmente fracasó cuando el texto propuesto fue rechazado en septiembre de 2022.
Entre las diferencias principales con aquel, el nuevo proceso para derogar la constitución de 1980, herencia de la dictadura de Augusto Pinochet y en la cual se sustenta el neoliberalismo prevaleciente en Chile, destaca que este nuevo intento partirá de limitado por un "marco de 12 principios", impuestos por la derecha, que limitará la autonomía del futuro Consejo Constitucional de 50 miembros electos. Por ejemplo, uno de esos principios dicen que "se reconoce a los pueblos indígenas que habitan su territorio como parte de la nación chilena, que es una e indivisible", con lo cual queda clausurada la posibilidad de ser un país "plurinacional", como decía el texto fallido en reconocimiento de las naciones primeras.
Otra diferencia cardinal apunta a que habrá una "comisión experta" de 24 miembros -12 electos por la Cámara e Diputados y 12 por el Senado por cuoteo político- que a contar de marzo redactará un anteproyecto de Constitución sobre el cual trabajará el Consejo electo.
Chilenas y chilenos habilitados deberán concurrir a las urnas el domingo 7 de mayo para elegir a los 50 miembros del Consejo que, un mes después, el 7 de junio, comenzará a sesionar por cinco meses para acordar el texto constitucional que será sometido a plebiscito ratificatorio el domingo 17 de diciembre, cuando se preguntará "¿Está usted a favor o en contra del texto de Nueva Constitución?".
Votaron en contra de la reforma los diputados del ultraderechista y pinochetista Partido Republicano, el populista Partido de la Gente y parlamentarios independientes; en tanto que el oficialismo y la derecha aglutinada en Chile Vamos respaldaron el proyecto.
