Eso supondría que en algún momento la UNAM fue de izquierda, que nunca lo fue. Sin remontarnos a sus orígenes porfiristas ni a su anticardenismo militante, pensemos que en 1968 los testimonios coinciden en que los marxistas eran una minoría ínfima en el movimiento. Sin embargo, sí hubo una pluralidad creciente, sobre todo durante los rectorados de Ignacio Chávez, Javier Barrios Sierra y Pablo González Casanova, dos de los cuales fueron derribados por golpes porriles alentados o instrumentados por los presidentes Díaz Ordaz y Echeverría. El siguiente rector, Guillermo Soberón (1973-81), aprendió la lección e inició una era de (parcial) sumisión de la UNAM a las políticas del gobierno.

Además, durante el rectorado de Soberón se forjó la alianza entre los médicos institucionalizados y privilegiados, los científicos doctorados en Estados Unidos y los abogados ligados directamente al PRI y muchos de ellos al Opus Dei. Esa alianza gobernó la UNAM, particularmente con los rectores Carpizo, Sarukhán y Barnés (1985-99), y sin haberse ido del todo, regresó con renovados bríos con José Narro (2007-15).

Hoy se renuevan esos grupos, relevo general incluido. Los médicos de élite, los abogados directamente vinculados al PRI y/o al Opus Dei, los científicos de altísimos salarios y jugosos beneficios que controlaban el Conacyt e incontables fideicomisos, reciben ahora el refuerzo de un número creciente de egresados del ITAM posgraduados en Estados Unidos que nunca pisaron una escuela pública (de hecho, uno de sus candidatos a la rectoría tiene esas características), de los think tanks de Claudio X. González, del salinismo que se expresa en una revista cultural y una empresa de comunicación, y de quienes terminaron de convertir al árbitro electoral en una burla nacional y que ahora, violando los estatutos de la UNAM, pretenden volver a ella.

Durante el periodo neoliberal las mafias de la UNAM fueron cada vez más cercanas a los poderes reales, de espaldas a la nación y a sus alumnos. Entre los estudiantes se redujo notablemente el porcentaje de quienes proceden de las clases populares para convertirse en un coto de privilegio (resultante de los exámenes de ingreso). Y las torres de marfil de los profesores de tiempo completo y sobre todo de los investigadores (con altísimos salarios y grandes beneficios adicionales) son también cada vez más cerradas y elitistas. Cuatro instituciones, cuatro mecanismos jurídico-políticos son claves en este proceso:

a) La Junta de Gobierno, cuyos 15 notables eligen sin contrapesos –salvo los conflictos internos de las mafias a que representan y la presión externa de poderes fácticos– al rector y a los directores de facultades, escuelas e institutos.

b) El Colegio de Directores, que se ha vuelto un órgano monolítico. Ejemplo: en la huelga de 1986 hubo directores al lado de los estudiantes o que mediaron entre Rectoría y el Consejo Estudiantil Universitario. En 1999 los únicos directores que no se plegaron acrítica e incondicionalmente al rector fueron los de Derecho, Medicina y Veterinaria, que desde el inicio de la huelga exigían la represión y encabezaron intentos de desalojo de los huelguistas.

c) El Consejo Universitario, donde hay una sobrerrepresentación de los directores y los investigadores de los institutos y en el que los alumnos están subrepresentados. Los pequeños institutos tienen los votos que, junto con los de los directores, controlan sin problema las decisiones claves. La subrepresentación de los alumnos es más clara y dramática para el bachillerato y las cinco facultades llamadas periféricas que concentran a los estudiantes de menos recursos (Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza).

d) Las comisiones dictaminadoras, controladas por autoridades y grupos académicos dominantes. De ellas dependen (sin más contrapeso que la revisión muy excepcional por el Consejo Universitario) las contrataciones definitivas del personal académico, garantizando la reproducción de las mafias. En la UNAM, los concursos de oposición han devenido en burla.

La derechización y elitización han generado una casta dorada. Dos casos han sido ventilados recientemente: el de José Woldenberg, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que gana (solamente en la UNAM) 80 mil pesos mensuales por (según el reportaje) dar cuatro horas semanales de clase, escribir un artículo de opinión al mes y coordinar un libro cada tantos años (https://rb.gy/uvaxd2); y el de Guillermo Sheridan, del Instituto de Investigaciones Filológicas, quien gana un sueldo aún mayor sin dar clase (https://rb.gy/k2viop). Cierto que respondió… sin explicarnos por qué no da clases (ambos violan los artículos 2 y 61 del Estatuto del Personal académico de la UNAM, ¿habrá sanción?)

¿La UNAM no tiene remedio? Sí que lo tiene: su sangre, sus fuerzas son también inagotables, y la respuesta está en el corazón de la misma universidad.