Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dirigió a la Fiscalía General de Justicia la Recomendación 01/23, por violencia institucional en cinco casos de mujeres, niñas y niños víctimas de violencia familiar que no encontraron acceso a la justicia, porque las denuncias fueron enviadas a reserva, se extraviaron, no se dio seguimiento o las investigaciones o éstas se llevaron a cabo de manera fragmentada.
La presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez Hernández, señaló que en alguno de los casos se registró la tentativa de feminicidio, pero las víctimas se enfrentaron a una violencia institucional, actos u omisiones de la autoridad, que discrimina u obstaculiza el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres.
Ello, dijo, incluye el de investigar y sancionar la violencia que sufren, lo que es una problemática estructural que se refleja en las deficiencias de las indagatorias, por lo que se envió dicha recomendación a la Fiscalía, en espera de que sea aceptada.
Durante la presentación, la ombudsperon hizo un reconocimiento a Miguel Concha Malo, quien fuera consejero de la Comisión, pues “no se entendería la defensa de los derechos humanos desde la parte de la sociedad, sin reconocer su trabajo”, afirmó.
La FGJ abrió en 2021, 34 mil 846 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar, 25.5 por ciento más que el año anterior; aunque el Inegi documentó que de las mujeres que sufrieron violencia física y sexual en el ámbito familiar, 89.9 por ciento no denunció.
Tampoco lo hizo el 78.3 por ciento que sufrieron violencia por parte de la pareja y algunas de las razones para no hacerlo, tiene que ver con la vergüenza, miedo a las consecuencias o las amenazas porque piensan que no les van a creer o las culparán, y por la desconfianza en las autoridades encargadas de investigar.
Además el 80 por ciento de los asesinatos de mujeres son cometidos por su pareja, lo que advierte que existe un contexto familiar previo a los asesinatos, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
La presente Recomendación, precisó Ramírez Hernández, documenta los casos de cinco mujeres víctimas de violencia familiar que evidencian las deficiencias en el acceso a la justicia para Rosario, Irene, Nadia y Daniela, y establece medidas de reparación integral para las víctimas directas e indirectas.
Con este instrumento se busca garantizar que no habrá impunidad, por lo que se solicita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas su registro y se les otorguen las medidas de ayuda inmediata, atendiendo las necesidades y particularidades de cada caso.
Así como su reconocimiento para proceder a la determinación de los planes de reparación integral; mientras, a la Fiscalía se le solicita establecer planes de investigación en dos casos y establecer medidas de protección en otros dos y realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad para las víctimas directas e indirectas, indicó.
