Nueva York y Washington. El presidente Joe Biden se vio obligado este domingo a hacer escala en la frontera sur antes de llegar a la Ciudad de México para la cumbre con sus contrapartes de América del Norte, dejando claro que el manejo de la migración y lograr mayor cooperación de México para el control limítrofe son las prioridades políticas para el mandatario estadunidense en esta gira.

Los republicanos han forzado a que el tema del control del flujo migratorio permanezca en el centro del debate político-electoral nacional, y aunque según los voceros de la Casa Blanca la agenda en las reuniones con el presidente Andrés Manuel López Obrador es más amplia e incluye cooperación económica y comercial, la lucha antinarcóticos y cambio climático, entre otros temas, todos saben que el asunto migratorio es la preocupación política principal para Estados Unidos.

El fracaso del gobierno de Biden en promover una reforma migratoria real, ofrecer una respuesta a la situación en la frontera y no sólo no cumplir con su promesa electoral de anular todas las medidas antimigrantes de su antecesor, sino ahora ampliar algunas de las mismas estrategias de Donald Trump, tiene a la Casa Blanca a la defensiva.

Es en este contexto que se produce su anuncio casi de última hora de la escala en El Paso, Texas, la primera visita de Biden a la frontera en sus dos años como presidente.

Según cifras oficiales, se han producido más de 2.3 millones de arrestos de migrantes efectuados por la Patrulla Fronteriza en la frontera sur en el año fiscal 2022 (el cual concluyó a finales de septiembre), el número más alto jamás registrado y un incremento de 37 por ciento respecto al año anterior.

La cifra incluye múltiples intentos de las mismas personas. Muchas de las expulsiones se han realizado bajo el llamado Título 42, que se impulsó con el pretexto de la pandemia de covid-19, algo que expertos afirman es una violación de la ley internacional que garantiza el derecho a solicitar asilo.

El jueves pasado, Biden anunció una serie de nuevas medidas que incluyen restricciones severas al asilo en Estados Unidos para provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, combinado con nuevos programas para facilitar el proceso para inmigrar de manera legal, incluyendo hasta 30 mil mensuales en total de esos cuatro países, pero sólo si llegan con autorización previa y por avión. [https://www.whitehouse.gov/es/prensa/ declaraciones-comunicados/2023/01/05/hoja-informativa-la-administracion-biden-harris-anuncia-nuevas-acciones-de-aplicacion-de-la-ley-para-la-frontera/].

Lo que no se dice oficialmente es que tres de esos países son sujetos a políticas estadunidenses diseñadas para promover condiciones económicas y sociales adversas con el objetivo de instigar un cambio de régimen, las cuales están nutriendo este éxodo hacia Estados Unidos. Así, la mayoría de los migrantes recientes provienen de Venezuela, Cuba y Nicaragua. El otro país, Haití, sufre condiciones de deterioro que están directamente relacionadas con la historia de políticas e intervenciones estadunidenses ampliamente documentadas.

Agentes de la Patrulla Fronteriza acompañan al presidente Joe Biden en su recorrido por El Paso, Texas, una parte de la frontera con México. Foto Ap

El paquete de instrucciones de Biden fue criticado por defensores de derechos de migrantes y agrupaciones de derechos humanos, que acusaron que son en parte una continuación de algunas de las medidas antimigrantes de su antecesor, Donald Trump, mientras fue rechazado por conservadores, pues lo califican de insuficiente para resolver lo que todos llaman una crisis en la frontera.

El conjunto de medidas está orientado a limitar y frenar el ingreso de personas a Estados Unidos. Se busca forzar que huyan de manera planificada y ordenada, lo cual es un contrasentido, comentó Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, red de 56 organizaciones de inmigrantes en 18 estados.

Dentro del anuncio de este esquema el jueves pasado, Biden y la Casa Blanca informaron que algunas partes incluían nuevos acuerdos con el gobierno de López Obrador, como que México aceptara hasta 30 mil migrantes mensuales de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití expulsados por Estados Unidos al intentar cruzar de manera ilegal o si sus solicitudes de asilo son rechazadas.

Las reglas de Biden también imponen una condición de que migrantes que no soliciten asilo a los países por los cuales pasan rumbo a Estados Unidos no podrán pedirlo en esa nación, algo que antes se llamaba tercer país seguro y que México ha rechazado antes.

Biden señaló que en operaciones conjuntas nuestros oficiales de la Patrulla Fronteriza se incorporan a patrullas mexicanas para detectar y hacer redadas de las operaciones de contrabando de personas, lo cual ha resultado en más de 7 mil arrestos en los últimos seis meses.

A la vez, detalló que se han establecido patrullas conjuntas de policías en México y Guatemala para detectar y compartir información sobre la ubicación de contrabandistas.

Todo indica que lograr acuerdos con México para colaborar en la reducción del flujo migratorio a la frontera estadunidense será la prioridad mayor de Biden en la cumbre. Casi 60 por ciento de los estadunidenses reprueban el manejo de migración del demócrata, según el promedio de sondeos reportado por Real Clear Politics.

Los otros temas

A la vez, la visita de Biden a México se realiza entre alertas oficiales de su gobierno para ciudadanos estadunidenses sobre las condiciones de inseguridad en el país vecino, notas en medios estadunidenses sobre el brote de violencia en torno a la captura de Ovidio Guzmán y amplios reportajes recientes en medios nacionales sobre conflictos y fracasos bilaterales sobre la cooperación antinarcóticos que concluyen que la estrategia de López Obrador no ha brindado resultados, y acusan que México es responsable por el envío del fentanilo que está causando la muerte de casi dos tercios de los 107 mil estadunidenses que fallecen por sobredosis de drogas cada año.

En la agenda de Biden en su visita, según la Casa Blanca, están las disputas comerciales que han brotado desde la firma del nuevo tratado de comercio trilateral conocido como T-MEC. Entre las más prominentes están las quejas de Washington y Ottawa sobre la reforma energética, y más recientemente, la disputa de Washington en torno al plan mexicano de prohibir la importación de maíz transgénico.