Buenos Aires. El Ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, denunció que la jueza Federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa que investiga el intento de asesinato contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 1° de septiembre, tiene contrato como investigadora y docente en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, de la derechista Propuesta Republicana (PRO), lo que resulta una relación laboral “incompatible” con su función como magistrada y evidencia las “relaciones promiscuas” entre la mayoría de los jueces de los Tribunales de Comodoro Py, y la oposición, en momentos en que otros funcionarios opositores son investigados en medio de un escándalo político y judicial.

La llamada “mesa judicial” fue creada durante el pasado gobierno del ex presidente Mauricio Macri, dirigente del PRO y cabeza de la coalición Juntos por el Cambio (ex Cambiemos), como parte de un proyecto en el que está involucrada la embajada de Estados Unidos en Buenos Ares.

Fernández de Kirchner recusó a Capuchetti no sólo por la lentitud evidente de la investigación sobre el intento de magnicidio, sino también por las numerosas irregularidades denunciadas por sus abogados por ocultar de pruebas, al tratar de sostener que los acusados eran un “grupito de marginales”, ignorando los vínculos surgidos con el financiamiento que llevaron a los círculos más íntimos del ex presidente Macri y haber detenido las indagatorias, en momentos en que se divulgaban documentos donde se comprobaban hechos que comprometían a Juntos por el Cambio, ante lo cual una cantidad de analistas mencionan como la “mafia político, judicial y mediática”.

Resultó que en su cargo como “investigadora”, Capuchetti también da clases a cuadros superiores de la policía de la ciudad de Buenos Aires y de la Federal con un contrato y un sueldo asignado, como denunció el ministro Soria, al presentar documentación sobre el caso.

El ISSP, en respuesta, explicó que en el 2020 dio clases a inspectores y comisarios de la policía, y en su rol de investigadora trabajó sobre la forma de erradicar la violencia contra la mujer analizando las medidas tomadas por el gobierno de la ciudad.

Este instituto fue creado en 2008 cuando Macri era jefe de gobierno de la ciudad y se conformó la Policía Metropolitana, en medio de denuncias sobre la asesoría de Israel en este tema, y además se produjo un movimiento que se oponía a que Macri designara como jefe de la Policía Federal al ex comisario Jorge “ Fino” Palacios, que tuvo responsabilidad en los asesinatos de manifestantes en el la rebelión del año 2001, lo que terminó con la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa y en medio de la crisis económico-social más grande en la historia nacional.

La revelaciones de Soria fueron de alguna manera confirmadas por el comunicado del ISSP, dado a conocer por el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, bajo la mira en estos días, cuando otro funcionario del gobierno de la Ciudad, Marcelo D´Alessandro, debió tomar una “licencia” en medio de otros escándalo después de que se filtraran una serie de chats por los que conoció que había integrado el grupo de jueces, fiscales y empresarios del grupo Clarín que viajó a Río Negro para reunirse en la mansión del empresario británico Joe Lewis, en la mira de la justicia por la apropiación ilegal del llamado “Lago Escondido, un sitio turístico de esa provincia sureña. D´Alessandro era precisamente el Ministro de Justicia y Seguridad.

Soria se refirió situación que está bajo investigación por el viaje “pagado por Clarín” que compromete a Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura.

A esto se agregaron los vínculos de D´Álessandro con Silvio Robles el hombre de mayor confianza del Rosatti, con la oposición y ahora la jueza Capuchetti, por lo que el ministro Soria, sugirió que esta magistrada también debería tomarse una licencia hasta que los escándalos que la involucren se aclaren.