Guadalajara, Jal. Unos 500 estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) mantuvieron ayer el plantón que iniciaron el jueves afuera de Casa Jalisco, en avenida Manuel Acuña, y afirmaron que de ahí nadie se mueve hasta que liberen a Javier, Iván y José Alexis, tres alumnos de dicha institución que fueron enviados a prisión preventiva el 5 de enero pasado por defender el parque Resistencia Huentitán, ubicado al norte de la capital del estado.

Los tres jóvenes (uno de ellos Javier Armenta, ex dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios-FEU) fueron desalojados de dicho predio de 13.6 hectáreas en agosto de 2021 por policías estatales y acusados de despojo de inmuebles y aguas por las empresas Operadora Hotelera Salamanca y Hoteles Riviera Deluxe, que construyen el complejo habitacional Distrito Iconia en este sitio, originalmente destinado a parque público.

Javier, Iván y José Alexis, junto con decenas de universitarios y vecinos de Huentitán, mantuvieron por al menos 100 días de 2021 la ocupación del terreno e impidieron el inicio de obras de Iconia, y reforestaron la zona que fue comprada por el ayuntamiento en 1980. Una madrugada de agosto policías estatales los de-salojaron con violencia, acusaron los manifestantes.

Una de las imputaciones contra los tres alumnos se refiere a que les fueron encontradas armas de fuego, lo cual siempre han negado.

Según el abogado de la UdeG, Juan Carlos Guerrero, se trató de una fabricación de delitos para que el juez décimo Felipe de Jesús Rivera Gallegos dictaminara la prisión preventiva oficiosa, en una clara muestra de sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo.

Se presentaron cuatro agentes del Ministerio Público y tres asesores jurídicos de la empresa para imputarlos. Toda la fuerza de la fiscalía del estado estuvo haciendo señalamientos mentirosos y falsos, reprochó.

Rivera Gallegos es el mismo que en agosto de 2021 ordenó la restitución a favor de las desarrolladoras promotoras de Iconia (expediente 27350/2021), las cuales siguen sin entregar las contraprestaciones acordadas con el gobierno municipal a cambio del predio–-un polideportivo, un parque en la Barranca de Huentitán y una troncal para conectar con el conjunto habitacional, entre otras–, pero ya promueven la preventa de departamentos.

El juzgador es esposo de la ex síndica y funcionaria del actual ayuntamiento de Guadalajara María Cristina Estrada Domínguez, quien tuvo participación jurídica en las sesiones de cabildo en las que fueron aprobados los compromisos contraídos con los empresarios de Iconia.

La capital del estado es gobernada por Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, mismo partido al que pertenece el mandatario estatal, Enrique Alfaro.

Los inconformes con el trato comercial que se hizo con ese terreno que, dicen, debe ser ecológico, se quejan además de haber presentado hasta ahora por lo menos 16 recursos legales sin que exista avance judicial en alguno.

Declara la casa de estudios estado de emergencia

Además del plantón de los universitarios, el cual aseguraron que se mantendrá al menos hasta el martes próximo, cuando se reanude la audiencia de imputación en el juzgado décimo con sede en Puente Grande, la UdeG se declaró en estado de emergencia por las detenciones que calificó de ilegales y afirmó que fueron ordenadas por el gobernador Alfaro.

El rector Ricardo Villanueva señaló que la decisión del juez Rivera fue un delito, pues la prisión preventiva oficiosa es un recurso legal invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de que el supuesto motivo de dicho encarcelamiento (que los jóvenes estaban armados) se basa sólo en testimonios.

Hasta ahora el mandatario estatal, quien desde el jueves por la tarde está en la Ciudad de México, sólo ha dicho que el proceso penal contra los universitarios es un asunto entre particulares, pero ayer su jefe de Comunicación Social, Álvaro González, publicó en redes sociales que los alumnos han realizado casi 200 manifestaciones con total libertad y aún así culpan al gobierno estatal de represor, cuando son ellos los que están “insultando, mintiendo y manipulando a los jaliscienses.

“Hoy el grupo que controla a la UdeG acusa al gobierno de Jalisco por un proceso jurídico en contra de uno de sus ex dirigentes, es decir, por un tema entre otro poder y particulares. Increíble.

Aquellos que mandaron a estudiantes a invadir un predio privado más de 100 días gastan miles de pesos en decenas de casas de campaña nuevas, toldos, camiones, tres comidas al día para los chavos, carteles, para decirse víctimas por no tener impunidad, destacó.