Zacatecas, Zac. La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, envió una nota aclaratoria a este diario, donde negó que el pasado lunes 2 de enero, policías de esa dependencia hubieran realizado algún operativo en los límites con el estado de Zacatecas, y por ende, no sostuvieron ningún enfrentamiento armado, con presuntos integrantes de la delincuencia, como se informó en este medio, con base en dos distintas fuentes gubernamentales, extraoficiales. Una del gobierno federal, otra del gobierno local.

Elda Arroyo, coordinadora de comunicación de la SSEJ, señaló en su escrito qué, “en relación a la nota titulada ‘Reportan enfrentamiento en operativo en límites de Jalisco y Zacatecas”, la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco “no participó, ni tiene registro de algún enfrentamiento en el municipio de Huejúcar, ocurrido este lunes 2 de enero como se hace referencia en la publicación”.

“Asimismo, se descarta que los oficiales de la Policía del Estado, asignados al patrullaje de la zona, hayan sido sometidos o despojados de patrullas o equipamiento”, aunque se admitió que “la presencia de la Policía del Estado se mantiene en la zona (limítrofe con Zacatecas), por considerarse un espacio de alta prioridad para la vigilancia y patrullaje que se implementa en coordinación y cooperación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno”.

Por otra parte, este martes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), confirmó que policías de investigación localizaron sin vida al joven abogado Raúl Calderón Samaniego, con impactos de arma de fuego, luego de que su familia lo reportó como desaparecido el pasado 31 de diciembre.

La desaparición de Calderón Samaniego –con vínculos entre un sector de la clase política y empresarial de Zacatecas-, causó revuelo, luego de que su familia diera a conocer su desaparición, cuando éste presuntamente circulaba sobre la carretera que conecta a la ciudad de Jerez con la capital del estado.

Aunque policías de investigación de la FGJEZ localizaron el cadáver de Calderón Samaniego, acribillado a tiros, en el interior de un departamento del centro histórico de la capital zacatecana, desde la tarde del lunes 2 de enero, sin embargo, fue hasta este martes 3 de enero, que la institución hizo oficial si localización.

El retraso en difundir oficialmente la localización del abogado asesinado, por parte de la fiscalía, así como la presunta manipulación del caso, por funcionarios del gobierno de David Monreal Ávila, quienes a través de portales informativos locales de internet, difundieron que la muerte de Raúl Calderón Samaniego, “fue por causa de una congestión alcohólica”, causó indignación y reclamos públicos, en redes sociales, contra el fiscal Francisco Murillo Ruiseco, y el gobernador David Monreal Ávila, a quienes se acusó de intentar minimizar los hechos de violencia que ocurren en Zacatecas.

“Nota estúpida”, reprochó contra el líbelo el empresario y ex alcalde de la capital zacatecana Cuauhtémoc Calderón Galván; “Este tipo de páginas las manejan personas vinculadas a la coordinación de comunicación social y al comité estatal de mi partido, Morena”, acusó el diputado Ernesto González Romo, al advertir que “sacan esas bajezas para difamar a las víctimas, piensan que esas notas falsas ayudan a quitarle responsabilidad a las autoridades, pero en realidad nos ofenden a todos”.

Incluso Arturo Nahle García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas (hermano de Rocío Nahle, Secretaria de Energía en el país), acusó sobre la versión de la muerte por congestión alcohólica de Calderón Samaniego: “No solo es una infamia, es una vileza”; y el senador José Narro Céspedes, de Morena, expresó sentir “indignación por la manipulación de la información”, en este caso.

Mientras tanto, en este mismo contexto de la ola de violencia e inseguridad por la que atraviesa Zacatecas, el obispo católico Sigifredo Noriega Barceló, así como representantes de otras cuatro organizaciones religiosas, entre ellas la Pastoral Social, emitieron este martes un pronunciamiento público, para exigir al Gobierno acciones que frenen la violencia y la inseguridad en la entidad.

Tomando como punto inicial de su análisis sobre la situación que prevalece en Zacatecas, en el ataque armado ocurrido el pasado 28 de diciembre en el municipio de Noria de Ángeles, contra un vehículo donde viajaba una familia, entre ellos el seminarista José Dorian Piña Hernández, y un sobrino suyo de apenas 5 años, el clero zacatecano planteó su postura:

“Con profundo dolor y con coraje en nuestras entrañas, queremos alzar la voz por aquellos que ya no viven más entre nosotros, por las familias que lloran la muerte de sus seres queridos; queremos replicar el grito y el reclamo de justicia y de paz a la sociedad en general y en especial a nuestras autoridades, si es que aún siguen ahí”.

Actualmente en Zacatecas, se señala el documento de dos cuartillas “vivimos en una barbarie sin ocaso, que cada día crece como un cáncer que nos acaba casa por casa, no vemos un estado de derecho, no vemos garantías para las personas, ni siquiera para sus derechos fundamentales como la vida y la libertad”.