Durante mucho tiempo, poco se sabía del Poder Judicial federal, no era noticia ni fuente de polémicas en medios o en redes sociales; era el poder menos conocido; sin embargo, junto con los otros poderes, compartía el honor que la Constitución les reconoce de ejercer la soberanía popular; ciertamente es un poder que se distingue de los primeros, en al menos dos características; los otros, el Legislativo y el Ejecutivo, son de elección popular, el Judicial no. Además, para formar parte del Poder Judicial, al menos para la mayoría de sus cargos más elevados, se requiere un título profesional, el de licenciado en derecho o abogado.
Para ser presidente no se exige ningún título profesional; lo mismo sucede tratándose de senadores o de diputados, en cambio, para pertenecer al Poder Judicial se necesita cédula profesional registrada que acredite conocimientos en la ciencia jurídica.
El tiempo corrió y ahora es distinto; con frecuencia, noticias sobre el Poder Judicial federal se encuentran en el centro del debate público y menciones a su composición o a sus resoluciones, se hacen seguido en las mañaneras presidenciales. ¿Qué pasó?, ¿por qué esto?
Aventuro esta respuesta: durante el largo periodo del priísmo inamovible, después, durante los 30 años del neoliberalismo, el Poder Judicial gozó de autonomía relativa, como la de los otros poderes y se autolimitaba para no chocar con la principal institución política; la Presidencia de la República. Dos recuerdos de aquella época así lo confirman; tuvo la Suprema Corte de Justicia, desde que se aprobó la Constitución Mexicana en 1917, una potestad que casi nunca ejerció, era la facultad de investigar violaciones a los derechos humanos y violaciones al voto público; podía hacerlo por propia iniciativa o a petición de parte interesada.
Me tocó acompañar al entonces presidente del PAN (cuando en ese partido había muchos ciudadanos idealistas y convencidos) Adolfo Christlieb Ibarrola, para solicitar al presidente de la Corte que hiciera uso de su facultad investigadora en el caso del fraude electoral cometido contra el licenciado Salvador Rosas Magallón en el estado de Baja California.
Conocí por ello la oficina de quien presidía el alto tribunal; era sabido entonces, que los altos funcionarios lucían en sus escritorios un teléfono rojo para recibir las llamadas directas del presidente de la República, quien ejercía, como se sabe, liderazgo y amplio poder sin justificación legal alguna. Lo que entonces me asombró es que el presidente de la Corte no tenía solamente un teléfono rojo, tenía en un rincón de su amplia oficina una caseta telefónica con ese color, no sólo era un teléfono rojo, toda una caseta roja para hablar dentro de ella sin que nadie lo escuchara.
Otra anécdota de entonces: el diputado panista Jesús González Schmal, denunció en la tribuna de la Cámara, a otro presidente de la Corte que, olvidando su alta investidura y su independencia, había aceptado representar al presidente de la República ante un gobierno extranjero.
Ahora soplan otros vientos. Vivimos un cambio de fondo en muchos aspectos, en 2018, al enésimo golpe del ariete participativo, se derrumbó la puerta que la obstruía y entramos a la democracia y el nuevo presidente, convencido y obligado a lograr una transformación a fondo tanto en política, como en justicia social, se encontró con un presidente de la Corte, sin carrera judicial, pero con sólida preparación como jurista y con horizontes más allá del alto tribunal que le tocaba presidir. El presidente Arturo Zaldívar, que concluye este año su encargo como presidente de la Corte, desarrolló su propio programa y se entendió bien con el triunfador en el Poder Ejecutivo, con el que coincidió en varios puntos.
Su gestión en la Suprema Corte tuvo tres líneas de soporte que constituyeron para él una especie de programa, según pude apreciar antes y ahora como integrante del Consejo de la Judicatura. Se propuso en todo momento poner como el más alto valor de su función, la defensa de los derechos humanos; se empeñó en combatir la corrupción y en especial uno de sus aspectos, el nepotismo y procuró siempre, la equidad de género.
En los tres puntos, ambos presidentes coincidieron y fueron complementarios; se entendieron, impulsaron cambios y hasta les inquietó durante algunas semanas la idea de una prórroga al mandato del de la Corte.
Hoy el Poder Judicial de la Federación está ante una expectativa y ante un escándalo que posiblemente hayan encontrado salida cuando este artículo sea publicado. ¿Quién presidirá la Corte? Y ¿qué pasará con la acusación de copia de una tesis de licenciatura de hace 30 años?
Algunos consejeros hemos compartido reflexiones. La mía es esta: ¿pesa más un error o falta, quizá inducido o tolerado por la autoridad académica, de hace más de tres décadas, que dos posgrados y una larga carrera basada en el esfuerzo y el estudio? ¿Por un error no hay prescripción?
