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Vigente, desafío del EZLN a 29 años del levantamiento

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Zapatistas en el Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas el 1º de enero de 1994. Foto Carlos Cisneros
31 de diciembre de 2022 10:46

San Cristóbal de Las Casas, Chis. Han transcurrido 29 años del levantamiento armado y la declaración de guerra contra el Estado mexicano del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en las montañas de Chiapas. Seis presidentes y nueve gobernadores después, y tanta agua corrida bajo los puentes a nivel nacional y local desde aquella madrugada del 1º de enero de 1994, el desafío planteado por los pueblos mayas insurrectos sigue vigente. Y su audaz y funcional autonomía acaba de cumplir 28 años. El 19 de diciembre de ese mismo año se anunciaba la creación de los primeros 38 municipios autónomos rebeldes.

Aquello que nacía como experimento de gobierno propio de los pueblos indígenas, el cual el Estado nunca ha reconocido y por temporadas ha combatido abiertamente a través de las fuerzas armadas y las policías de todos los niveles, al llegar 2023 sigue en pie. Los municipios rebeldes persisten, distintos a los del principio, pero los mismos. La Jornada realizó un recorrido por las regiones de algunos de los al menos 12 caracoles zapatistas actuales y pudo observar la vitalidad de esta autonomía.

En 1995, tras la ocupación militar de las comunidades zapatistas y la destrucción del Aguascalientes en la comunidad tojolabal de Guadalupe Tepeyac, por órdenes del presidente Ernesto Zedillo, el EZLN creó cinco Aguascalientes, y en torno a ellos organizó regionalmente su autonomía.

Lo que se inició como una acción armada, para muchos incluso suicida, resultó en nuevas formas de autogestión indígena a contrapelo de la rampante primavera neoliberal en la que los gobiernos priístas decían haber aupado a México. Des-pués de los Acuerdos de San Andrés en 1996, la autonomía zapatista se confirmó de hecho al asumir como ley los acuerdos firmados y luego traicionados por el gobierno zedillista. Esa autonomía se veía, con justa razón, como un obstácu-lo para los megaproyectos trasnacionales y nacionales por venir.

Memorables son las agresiones policiacas, militares y paramilitares contra los municipios rebeldes. Tierra y Libertad, Ricardo Flores Magón, San Juan de la Libertad, San Pedro Polhó y San Pedro de Michoacán se cuentan entre los que sufrieron mayor violencia y despojo. Aún así, esos gobiernos continuaron, estableciendo sistemas propios de justicia, salud, educación, transporte y manejo de las tierras y sus productos.

Una gran parte de estos espacios autónomos estaban, y están, en tierras recuperadas de los finqueros y ganaderos de la selva Lacandona tras el alzamiento hace casi tresdécadas. Muchos otros están conformados por comunidades en las zonas tradicionales de los Altos, la zona Norte, la propia selva y la región fronteriza de Chiapas. Choles, tseltales, tsotsiles, tojolabales y zoques que se embarcaron en la resistencia.

Sexenio tras sexenio, los pro-yectos y programas gubernamentales han buscado minar económica e institucionalmente esta autonomía indígena única en el mundo. En agosto de 2003 se conoció otro giro de tuerca al anunciarse la creación de los caracoles, nuevos centros de gobierno en los cinco Aguascalientes que ya existían. Nacieron así las juntas de buen gobierno en torno a las cuales se reorganizaron los munici-pios zapatistas.

La experiencia resultaría muy útil para enfrentar los nuevos embates gubernamentales tras la declaración de guerra del gobierno de Felipe Calderón al crimen organizado, que en principio significó rodear militarmente las comunidades indígenas del país y la virtual paralización del Congreso Nacional Indígena. Con Peña Nieto vendría la Cruzada contra el Hambre, nueva versión de la contrainsurgencia económica. En 2019 y 2020, ya en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, el EZLN estableció nuevos caracoles y juntas de buen gobierno, hasta sumar al menos 12, y una redistribución de sus municipios.

Ahora son los nuevos gobiernos estatal y federal de Morena los que disputan seguidores por la vía electoral (a la que los zapatistas nunca acuden) e impulsan una renovada partidización de municipios y comunidades indígenas, así como por la vía económica mediante los programas sociales y bienestar, a los que la resistencia zapatista se ha mantenido impermeable por la vía pacífica y organizada.

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