Los principales cuestionamientos al enorme gasto decidido por el Ejecutivo y el PRIAN en el Congreso del estado son: en Ciudad Juárez, donde se construirá la Torre Centinela, de 23 pisos para albergar el cerebro de dicho sistema, la falta de infraestructura urbana adecuada favorece la inseguridad de las personas y de las familias: según el Instituto Municipal de Investigación y Planeación 23.4 por ciento de la enorme área urbana no está asfaltada; en muchas colonias el alumbrado público es inexistente o no funciona. El sistema de transporte urbano es uno de los peores de la República. Todo esto, y no la falta de cámaras de vigilancia, es lo que contribuye a elevar los altos índices de criminalidad.
Hay un enfoque miope de la seguridad: se pone todo el énfasis en la prevención situacional y no se atacan las causas sociales. Lo que se pagará por la Plataforma Centinela este año es 65 por ciento mayor que el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. No hay estrategias para la prevención y atención a adicciones, ni para la reconstrucción del tejido social o para atender el abandono escolar o los jóvenes en riesgo.
Seguritech, empresa a la que se le pagarán los 4 mil 200 millones de pesos, ha sido muy cuestionada. Es una firma que ha florecido desde que inició el famoso combate al narcotráfico de Felipe Calderón. Su propietario, Ariel Zeev Picker Schatz, fue muy favorecido por David Korenfeld, durante la estancia de éste en la Comisión Nacional del Agua y antes en la Comisión de Aguas del Estado de México. Durante el peñismo, Seguritech recibió más de 22 mil 300 millones de pesos en asignación directa, por diversas entidades de la República, municipios y alcaldías de la Ciudad de México. Gana con la inseguridad pública, no con la seguridad (https://bit.ly/3WltOYV).
Los cuestionamientos y observaciones de órganos de control, Auditoría Superior de la Federación y comités ciudadanos de seguridad en el estado de México, en Guanajuato, en Acapulco, en Oaxaca, en Sinaloa, en Baja California son recurrentes en los mismos vicios y problemas: malos servicios, equipos con fallas, sobrevaluados, a costos superiores al promedio, incumplimiento de contratos, opacidad en las asignaciones, contratos que manejan el modelo de arrendamiento con opción a compra con pagos multianuales, pasando sobre el Legislativo; no entrega de las bases de datos grabadas, edificios construidos con materiales de mala calidad que luego son vendidos a los gobiernos, no acreditación de los criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y honradez (https://bit.ly/3PWDdDO).
Lo que más pasma es la ineficacia del sistema Seguritech. El enorme caudal de recursos que se le pagan en general no han servido para disminuir el índice delictivo de las entidades que celebraron contratos con ella: en Colima, el contrato con la empresa se celebró en 2017 y terminó en 2020; en ese lapso el número de delitos se incrementó en 11 por ciento. En Guanajuato, entre 2013 y 2021, años en que estuvo operando Seguritech, el índice delictivo anual aumentó 85 por ciento. En el estado de México, entre 2013 y 2021, lapso de vigencia del contrato, el índice delictivo se disparó 37 por ciento; en Michoacán, entre 2015 y 2021, 34 por ciento y en Sonora, entre 2017 y 2021, 42 por ciento. Sólo se disminuyó en Sinaloa en 34 por ciento entre 2011 y 2017. Es decir, en cinco de seis estados donde Seguritech celebró contratos y operó servicios de seguridad, el índice delictivo anual se disparó desde 11 hasta 85 por ciento. ¿A eso se le puede llamar eficacia (https://bit.ly/3PWDdDO) (https://bit.ly/3Q0NiQ7)?
Por eso son importantes las demandas del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Chihuahua y del Frente Ciudadano de Ciudad Juárez: la seguridad ciudadana es muy importante como para dejarla en manos de una empresa muy cuestionada, como para soltarle una multimilmillonada de pesos con toda opacidad. No se puede decir que se trabaja por la seguridad del pueblo haciéndolo todo a espaldas de él. Ante plataformas centinelas, ciudadanía centinela.
