Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 226/2022 al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, luego de que su personal en la Ciudad de México ha rechazado regularizar el estatus migratorio de un venezolano, quien fue reconocido como refugiado por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), entre otras violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la identidad.

La víctima señaló que el 22 de noviembre de 2018 fue rechazado y asegurado por personal del INM en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por contar con alerta migratoria impuesta por una persona servidora pública del instituto, quien le retiró dos pasaportes -uno donde cuenta con visa americana impresa vigente y otro que vencía en 2021-, por lo que tramitó un juicio de amparo.

El 4 de diciembre de ese año, el juez octavo de Distrito en materia administrativa resolvió la suspensión definitiva y ordenó el egreso de la víctima de la Estación Migratoria, además de que se le devolvieran sus documentos y se condicionó al agraviado ir a firmar en los juzgados semanalmente mientras se resolvía su regularización. Sin embargo, personal de Migración retuvo los pasaportes y lo obligó a firmar cada semana en las oficinas del INM.

El 10 de diciembre de 2018, la víctima solicitó a la Comar el reconocimiento de su condición de refugiado, instancia que le otorgó dicha calidad el 14 de agosto de 2019, por lo que se presentó en las oficinas del instituto para tramitar su regularización como residente permanente. No obstante, las autoridades migratorias resolvieron negativamente, al señalar que continuaba vigente la alerta migratoria en su contra, por lo que a la fecha no le han devuelto sus pasaportes.

Lo anterior le ha provocado al venezolano problemas para identificarse, solicitar empleo, e incluso está imposibilitado de visitar a sus familiares en Estados Unidos, por no contar con su visa.

Tras analizar el caso, la CNDH acreditó que la alerta migratoria impuesta a la víctima no cubrió las necesidades básicas de la seguridad jurídica y por ende del debido proceso, como tampoco estuvo fundada y motivada el acta de rechazo emitida en contra del nacional venezolano, ya que el propio juez octavo de Distrito en materia administrativa, consideró que la misma fue “fruto de un acto viciado”.

Por lo anterior, solicitó al comisionado del INM reparar el daño causado, colaborar ampliamente en el trámite y seguimiento de la denuncia administrativa que la CNDH presente en contra de seis personas servidoras públicas de ese instituto en el Órgano Interno de Control del INM.

Asimismo, se pide que se instruya la eliminación del registro de alerta migratoria en contra de la víctima.