Washington. El presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos, John Roberts, suspendió ayer temporalmente la terminación de la controvertida política de salud Título 42, impuesta en marzo de 2020 durante el gobierno del presidente Donald Trump, y cuyo propósito era impedir que migrantes ingresaran a territorio estadunidense para frenar la propagación del covid-19 y que debía finalizar este 21 de diciembre.

La decisión de la Suprema Corte fue la respuesta a la solicitud de 19 gobernadores de estados conservadores de mantener en vigor la normativa sanitaria para impedir una oleada migratoria incontrolable.

Ayer, miles de personas atestaban los albergues en ciudades fronterizas de México. Las autoridades en el valle del río Bravo han encontrado a entre 900 y mil 200 migrantes diariamente durante las últimas dos semanas, según CNN. Voluntarios en la ciudad texana de El Paso incluso los acogen en sus propias casas.

Más aún, las autoridades estadunidenses arrestaron a más de 2.3 millones de migrantes en la frontera sur durante los últimos 11 meses, indicó el diario The Washington Post.

Roberts pidió a la administración del presidente Joe Biden que responda a la apelación de los estados republicanos este martes antes de las cinco de la tarde y exponga su postura sobre si el Título 42 debe terminar o ampliarse.

Los gobiernos estatales aludieron al caos que espera a Estados Unidos, pues de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), los cruces fronterizos irregulares podrían triplicarse a 18 mil por día, lo que aumentará los costos de aplicación de la ley, educación y atención médica de las entidades, argumentaron los gobernadores.

Además, se verán afectados los servicios públicos de salud y seguridad policial, entre otros, y acusaron al gobierno federal de no tener un plan para lidiar con el incremento de migrantes.

Opciones

La situación ante la decisión de la Suprema Corte implica que queda abierta la posibilidad de que el Título 42 se suspenda esta semana o que el tribunal decida mantener la medida mientras revisa el caso.

La normativa hizo posible que indocumentados a menudo fueran expulsados minutos después de su llegada a territorio estadunidense, además de eliminar las posibilidades de solicitar asilo y entablar juicios, señaló el Post.

En noviembre pasado, un tribunal inferior ordenó al gobierno de Biden suspender el Título 42 y el mandatario solicitó que se le diera de plazo hasta el 21 de diciembre para cumplir el fallo, cosa que la Corte concedió.

El DHS explicó que su estrategia prevé miles de contrataciones y un aumento de recursos para transporte, pero admitió que el sistema no está diseñado para lidiar ni con el flujo migratorio actual.

El DHS actualizó la semana pasada un plan de seis pilares que prevé el uso ampliado de un proceso de deportación acelerado, así como una ampliación de las vías legales para que los migrantes entren al país desde el extranjero, similar a un programa lanzado para los venezolanos en octubre.

El gobierno de Biden se había estado preparando para que el Título 42 finalizara esta semana y la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, dijo en una conferencia que la Casa Blanca estaba buscando más de 3 mil millones de dólares del Congreso para pagar personal adicional, tecnología, instalaciones de detención de migrantes y transporte en la frontera entre Estados Unidos y México.

La petición de recursos adicionales ocurre mientras las autoridades estadunidenses se preparaban para la posibilidad de que entre 9 mil y 14 mil personas al día intentaran cruzar a Estados Unidos si se levantaba el Título 42, aproximadamente el doble del ritmo actual.

El hecho de que en un par de días acabe el Título 42 no significa que la frontera esté abierta, añadió Jean-Pierre horas antes de que la Corte Suprema bloqueara el levantamiento del Título 42.

La vocera mencionó el riesgo de que traficantes de personas saquen provecho del levantamiento de la normativa sanitaria para propagar desinformación entre los indocumentados y alentarlos a cruzar.

Desolación

CNN mostró a un grupo de desolados solicitantes de asilo en Ciudad Juárez, Chihuahua, que afirmaron haber llegado ahí porque existía la promesa de que el 21 de diciembre se abriría la frontera y ellos podrían cruzar a Estados Unidos legalmente.

Desde que Biden asumió el cargo en enero de 2021, alrededor de la mitad de los cerca de 4 millones de indocumentados que se encuentran en la frontera entre México y Estados Unidos –una cifra récord– han sido expulsados en virtud del Título 42, mientras a la otra mitad se le ha permitido entrar en Estados Unidos para proseguir con sus casos de inmigración.

Nueva York recibió desde las primeras horas de ayer autobuses procedentes de varios condados texanos, cargados de solicitantes de asilo que fueron enviados ahí por órdenes del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien se anticipó al levantamiento del Título 42 con la intensificación de su operación Estrella Solitaria, que consiste en sacar de su estado a los migrantes y enviarlos a las llamadas ciudades santuario del país.

Si bien los medios estadunidenses no dieron la cifra de autobuses o indocumentados que han llegado a la ciudad, autoridades locales dijeron que el sistema de refugios neoyorquino está ya rebasado.