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Aprueba Congreso de Perú adelantar elecciones en abril de 2024

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La presidenta de Perú, Dina Boluarte, durante una reunión con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en sus oficinas en el Palacio de Gobierno en Lima el 20 de diciembre de 2022. Foto Afp
20 de diciembre de 2022 19:11

Lima. Al continuar las protestas en demanda de elecciones anticipadas y calificadas como “insurgencia terrorista” por el nuevo titular de la Dirección Nacional de Inteligencia, coronel Juan Carlos Liendo O'Connor, el Congreso aprobó  adelantar los comicios generales a abril de 2024.

La iniciativa alcanzó 93 votos a favor, 30 en contra y 1 abstención, y deberá ser sometida a una segunda votación en el próximo periodo de sesiones en febrero. Al tratarse de una reforma constitucional, ya que el mandatario del destituido Pedro Castillo concluía en 2026, se requería del apoyo de 87 legisladores. La reforma contempla que la actual gobernante, Dina Boluarte, entregue el mandato al ganador de los nuevos comicios en julio de 2024.

El Congreso, dominado por la derecha, rechazó el viernes pasado convocar a elecciones anticipadas. Adelantar la jornada electoral implica el recorte de los mandatos del Ejecutivo y Legislativo, cuyas gestiones iniciaron en julio de 2021 y deberían concluir en julio de 2026

Las bancadas de izquierda, que apoyan a Pedro Castillo, habían pedido incluir en la votación la convocatoria de un referéndum para una Asamblea Constituyente, pero el pedido no prosperó.

Fuera de Lima, las protestas continuaron en el sur andino. En la Plaza de Armas de la ciudad de Cusco, miles, en su mayoría mujeres con coloridos trajes típicos, realizaron marcharon con un ataúd de cartón con la imagen de Boluarte, al que luego le prendieron fuego.

Queremos elecciones urgente. Que dimita Dina. Este Congreso es un abusivo que hace y deshace leyes a su favor, mientras el pueblo se muere de hambre sin medicinas, sin educación”, dijo a la agencia Afp la comerciante Gricelda Cosi Quispe.

En el departamento de Apurímac, ciudadanos de Andahuaylas se movilizaron por las principales calles.

Horas antes, Boluarte eligió como nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) al coronel retirado del ejército Juan Carlos Liendo O'Connor, quien considera las protestas como “insurgencia terrorista”. Liendo ya trabajó en dicha institución cuando fue señalada por delitos de lesa humanidad durante el mandato del ex presidente Alberto Fujimori.

Si se quiere abordar los hechos que estamos viendo como conflicto social, estamos en un error total. Aquí no hay conflictos sociales. Ni si quiera hay vandalismo. Son ejercicios de la violencia con una agenda política bien clara: asamblea constituyente, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso”, declaró apenas un día antes de ser elegido para el cargo.

O'Connor trabajó, aunque sin tener poder decisión, en uno de las anteriores versiones de la DINI, el Servicio Nacional de Inteligencia (SNI) entre 1991 y 1998, cuando estaba bajo control de Fujimori y el jefe del SNI, Vladimiro Montesinos, ambos en la cárcel, por delitos de lesa humanidad el primero y el segundo por diversos delitos de narcotráfico y asesinato.

Esto se repite como objetivo político en cada lugar donde bloquean una carretera, donde tiran piedras, donde se cierran aeropuertos. En cada lugar donde se ataca a la policía y a las fuerzas armadas, hay un objetivo político y eso se llama insurgencia terrorista”, ahondó el coronel en el canal Willax TV.

El balance total de muertes en Perú aumentó hasta los 26, indicaron las autoridades, de los cuales 17 han tenido lugar tras la declaración de emergencia decretada por el gobierno el pasado jueves.

En contradicción con la opinión de Boluarte, la justicia castrense no investigará las asesinatos con arma de fuego ocurridas durante la represión de las marchas que se realizaron en Andahuaylas, Ayacucho y otras zonas del país, de acuerdo con fuentes militares consultadas por el medio La República.

Las fuentes indicaron que el Código Penal Militar y Policial señala que los jueces militares solo pueden juzgar delitos de función y que las violaciones de los derechos humanos corresponden al fuero común.

En tanto, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, liderada por su secretaria Tania Reneaum, llegó a Lima para reunirse con autoridades “para recibir información sobre la crisis institucional y protestas”.

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