San Cristóbal de Las Casas, Chis. Cinco familias (34 personas, entre ellas 24 niños) desplazadas hace un año de la comunidad de Nueva Palestina, Ocosingo por autoridades y un grupo armado, exigieron que se haga justicia, la aparición de un hombre que está en calidad de desaparecido y la liberación de otro, acusado de homicidio. 

 “Las autoridades, junto con grupo de polleros armados, nos destruyeron las casas y despojaron de 150 hectáreas, sólo porque mi papá Versaín Velasco García, exigió la liberación de cinco jóvenes presos injustamente”, dijo Moctezuma Versaín Velasco Aguilar. 

Durante una conferencia realizada en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), las familias desplazadas manifestaron que después de un año de su desplazamiento forzado las autoridades no han intervenido y no les han proporcionado ayuda alguna. 

Velasco Aguilar señaló que “todo nació por la persecución en contra de mi papá por dedicarse a la defensa de los derechos humanos y al activismo social en la comunidad para defender a cinco jóvenes, algunos menores de edad, retenidos injustamente, acusados de robo”.  

Las mismas autoridades, dijo, “han buscado cómo acabar con su vida. Se pusieron de acuerdo con grupos armados que se dedican al tráfico de migrantes, venta de drogas y armas”. 

Relató que el 15 de diciembre del año pasado, su padre intervino ante la delegación de gobierno y la Fiscalía de Justicia Indígena para que exhortaran a las autoridades de Nueva Palestina a que liberaran a los cinco jóvenes, pues llevaban más de 10 días encerrados y sin comer, o los pusieran a disposición del agente del Ministerio Público”. 

Afirmó que las autoridades comunitarias “no quisieron recibir el documento e inmediatamente reunieron a un grupo de supuestos comerciantes, aunque en realidad eran personas armadas que estaban esperando a mi papá para matarlo. Nos rodearon los mismos policías rurales y preventivos estatales y nos golpearon con palos; a mi papá le dispararon en la frente, pero mi hermano de 15 años alcanzó a empujar al agresor y sólo le dio un rozón de bala. Pudo escapar y yo también, pero alcancé a ver cómo golpearon y tiraron a mi mamá en el piso. Vi a mi hermano sometido en el suelo mientras lo pateaban”.  

Comentó que al día siguiente “llegaron a nuestra casa personas armadas con palos, machetes y armas de grueso calibre. Dispararon y me hirieron con un machete en el brazo y vi cómo derribaron con un trascabo la casa de mi abuela, de mi tío y de los demás familiares. Uno de los agresores me iba a cortar la cabeza con un machete, pero Fredy Gómez Sántiz, esposo de mi prima Priscila me salvó la vida porque disparó le al policía, que murió”. 

Priscila Velasco García, de 22 años, es esposa de Fredy Gómez, quien está en calidad de desaparecido desde el 16 de diciembre del año pasado, aunque ella tiene información de que fue asesinado. “Hace un año que no he sabido nada de él. Me dijeron que está muerto, pero no vimos el cuerpo porque dormí una noche el monte con mis tres niños; el mayor tiene 4 años y el más pequeño 16 meses. Exijo justicia para que localicen el cuerpo y los responsables entren en la cárcel” 

Desde hace un año, las 34 personas están viviendo en San Cristóbal, donde rentan una casa, pero no tienen trabajo ni ayuda humanitaria para sostenerse. 

Personas que los acompañan, pertenecientes al Equipo Jurídico Solidario, a la organización Melel Xojobal, a la Pastoral Social de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas y al Frayba, exigieron la liberación de Versaín Velasco García, preso en el penal de Ocosingo, acusado de homicidio y quien el 15 de este mes inició una huelga de hambre. 

En un comunicado conjunto demandaron a las autoridades estatales y federales “urgente atención a la situación de vulnerabilidad que atraviesan las 5 familias afectadas por estos hechos que violan gravemente los derechos humanos”. 

Aseguraron que “el desplazamiento forzado tiene su origen en la animadversión que ha generado, en autoridades comunitarias y grupos de poder, la defensa de derechos humanos realizada por Versaín Velasco García ante la detención y encarcelamiento arbitrario de 5 jóvenes acusados de robo. 

Sostuvieron que “la persecución, hostigamiento, intimidación y cacería humana de la familia Velasco García provocada por las autoridades, ha generado múltiples afectaciones: heridas ocasionadas con palos, armas blancas y de fuego, además de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes”, así como “la captura, tortura y desaparición forzada de Fredy Gómez Santiz; tortura sexual en contra de Isaura Velasco García, que lo que le provocó la pérdida del producto de un embarazo de seis semanas, en medio de una ausencia de auxilio médico”. 

Las víctimas afirmaron que no regresarán a su comunidad porque “nos están esperando para matarnos; pedimos que el gobierno nos reubique y pague los daños ocasionados a nuestros bienes, ya que destruyeron nuestras casas”.