Todo ese conjunto está inequívocamente alineado con la reacción, es decir, con el bando de los que se juraron poner fin a un proceso de transformación nacional que ha afectado sus negocios ilegítimos y sus privilegios; los que sin haberse puesto a hacer cuentas creen que fueron afectados, y los clasistas y racistas que siguen furiosos por la instauración de una presidencia plebeya y democrática en su sentido más puro, que es el poder ejercido por el pueblo. Bastó con ver a las figuras públicas que confluyeron en la marcha en defensa del INE para tener claro que tras el afán de parar la reforma electoral –en su forma original, constitucional, o en su plan B, a las leyes secundarias– se encuentra lo más corrupto, autoritario, antidemocrático y fraudulento del espectro político nacional.

Fuera máscaras, pues: las reformas al marco legislativo electoral son expresión de los propósitos de separar el poder político del poder económico y de hacer efectivo el ejercicio del poder público por la población; los empeños por detenerlas o cuando menos por adulterarlas responden, en cambio, al deseo de mantener una institucionalidad diseñada para desvirtuar la política, hacer y multiplicar negocios y preservar el privilegio del mando en un manojo de partidos imperecederos y de operadores con chamba segura. Esta institucionalidad, con todo y su régimen de partidos, es una de las principales trincheras de la resistencia a los cambios, es decir, del viejo orden que no termina de morir y que obstaculiza hasta donde puede la construcción de la democracia, la honestidad en el ejercicio del poder, la justicia social orientada al bienestar general, la soberanía y la paz.

En esa medida, esta batalla marca una línea divisoria entre la Cuarta Transformación y la reacción. Es legal y legítimo tomar partido por uno de los bandos, pero no es correcto (y ni siquiera prudente) el mantener un pie en cada uno de ellos: la gente se da cuenta. Y la gente vota. Así pues, la disputa no sólo moldea con nitidez la frontera mencionada, sino que obliga a quienes se ubican del lado de este gobierno a fijar su postura, lo que delimita también el universo de quienes aspiran a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador desde las filas de la transformación. Para decirlo más claro: quien se distancie de la renovación del marco electoral del país no tendrá el respaldo de los votantes obradoristas.

La separación entre el poder político y el poder económico ha resultado mucho más ardua y complicada de lo que habría podido pensarse. Es el precio a pagar por haber emprendido una revolución pacífica y legal, lo que implicaba transitar por las reglas del juego que fueron establecidas para legitimar y mantener unida esa connivencia y se debe caminar por las vías legislativas y judiciales a sabiendas de que ambas están contaminadas por ella.

Tomará tiempo deshacerse de la mentalidad consistente en ponerle precio a los cargos, las elecciones, los partidos y las postulaciones y en calcular la cuota de beneficio personal en cada acción desde el servicio público. El desafío consiste en llevar la revolución de las conciencias a esa clase política que se niega a morir –a morir como clase, no como las personas que la forman–, en dar al ejercicio del poder el sentido de servir a los gobernados y en optar siempre por la democracia y no por el dinero.

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