Trabajadores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de la Ciudad de México pararon labores y mantienen bloqueada la avenida Dr. Río de la Loza en la capital del país, para exigir el pago del aguinaldo de fin de año.
Esta decisión fue tomada por los trabajadores, luego de que en una reunión con Félix Vázquez, secretario particular del titular de la JLCA, y Raúl Rodríguez Hernández, secretario de Asuntos Individuales, les indicaron “que no había recursos ni fecha” para el pago de esa prestación, señalaron los empleados inconformes entrevistados.
Guadalupe Ochoa, funcionaria conciliadora y una de los integrantes de la comisión presente en la reunión, aseguró que en el encuentro los funcionarios señalaron que los recursos correspondientes al capítulo 1000 (destinado a los salarios) fueron utilizados para el nuevo Centro de Conciliación Local, el cual inició operaciones el pasado 3 de octubre como parte de la puesta en marcha de la última etapa de la reforma laboral.
Puntualizó que al tratarse de empleados del apartado B (sector público), el pago del aguinaldo debió realizarse en los primeros 10 días de diciembre, lo cual –dijeron- no ha ocurrido. Agregaron que esta prestación debe cubrirse hoy o a más tardar mañana viernes, debido a que a partir del próximo lunes la JLCA suspenderá labores.
El paro de labores, indicó, es voluntario e implica la suspensión de las audiencias programadas.
“¡Escucha presidente (de la JLCA, Eleazar Rubio), ya somos muchos y seremos más!” y “¡Los derechos de los trabajadores no se negocian!”, son algunas de las consignas de alrededor de un centenar de trabajadores lanzan a las afueras de la institución, que desde octubre pasado dejó de recibir nuevos asuntos, pero tiene que terminar con el rezago de miles de expedientes.
Apenas en septiembre y octubre pasados los trabajadores de la JLCA también se manifestaron por el despido de al menos 50 trabajadores, que llevaban varios años de servicio, debido a la falta de recursos. Hasta noviembre, al menos otros 30 empleados han sido cesados, indicaron.
Se trató de personal jurídico, conciliador, dictaminadores y secretarios de acuerdos que acumulaban de 15 a más de 30 años de servicio, a quienes -denunciaron- se les exigió su renuncia, sin otorgarles la liquidación que les corresponde por ley.
