Buenos Aires. En un nuevo avance de lo que en diversos sectores llaman la “dictadura judicial”, la Corte Suprema de Justicia avaló este jueves una condena de 13 años de prisión para la dirigente de la organización social Tupac Amaru, Milagro Sala, también diputada electa para el Parlamento del Sur (Parlasur) que nunca pudo asumir, al rarificar el fallo de la justicia de la provincia de Jujuy, que maneja a su antojo el gobernador Gerardo Morales, quien arbitrariamente ordenó su detención el 16 de enero de 2016 sin sustento legal.

Se llevó este caso ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), que hizo recomendaciones al gobierno de Jujuy que este no cumplió. Sala y otras mujeres de la misma organización fueron detenidas arbitrariamente y se comprobó que fueron víctimas de torturas, castigadas con aislamiento, y que la mayoría tenían hijos pequeños, haciendo aún más cruel su detención.

Finalmente se pudo lograr que Milagro Sala fuera a prisión en su casa, después de haber sido encerrada en otra rodeada de alambres de púas y de gendarmes, que vigilaban a sus visitas y movimientos.

La detención de Sala fue ordenada por Morales cuando un grupo de militantes de la Tupac Amaru, protestó frente a la gobernación de Jujuy en enero de 2016 ante el avance del gobierno sobre los barrios construidos por esa organización, y aunque Milagro Sala no estaba en ese lugar se le detuvo en forma ilegal.,

Fue la primera presa política de Argentina en el gobierno de la coalición derechista Cambiemos, bajo la presidencia de Mauricio Macri. Desde entonces hasta ahora se le fueron armando causas falsas por orden de Morales, que tiene a los jueces y a los miembros de la Corte Suprema jujeña bajo su control.

Macri, también utilizó una ilegal versión de “prisión preventiva” para llevar a la cárcel a una serie de ex funcionarios de la administración de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, perseguidos y sin causas reales.

En el caso de Milagro Sala el fallo de la “justicia” de Jujuy se refiere a la causa conocida como los "Pibes Villeros", y que sirvió para que la mayor dirigente social de esa provincia y del noroeste fuera condenada a 13 años de prisión.

El caso pasó antes por las manos del procurador “interino” Eduardo Casal, que nombró Macri, después de que sus servicios de inteligencia, los medios masivos de comunicación, y la justicia - que sigue manejando hasta ahora- lograra la renuncia de la Procuradora de la Nación Alejandra Gils Carbó, cuando comenzaron las amenazas a sus hijas e incluso el diario Clarín publicó las direcciones y los teléfonos de las mismas, sometidas a un terror constante.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación. Horacio Pietragalla Corti,(hijo de desaparecidos) criticó fuertemente la ratificación de la sentencia , cuestionando que dejen firme “una condena ilegítima” lo que convalida la "actuación de las autoridades judiciales de Jujuy en su persecución y las violaciones a sus garantías", informó la agencia nacional Telam.

En Jujuy, Sala fue condenada en 2019 por supuestamente encabezar una “asociación ilícita y defraudar al Estado con la construcción de viviendas, que por cierto fueron centenares, levantadas por los mismos trabajadores, construyendo barrios, donde tenían escuela los niños y centros de salud, todo lo cual apareció filmado en un documental de Gran Bretaña para mostrar como un ejemplo en el mundo.

También logró instalar con ayuda solidaria una piscina, que por primera vez en su vida conocieron los niños en esta provincia donde los pobres y olvidados son la mayoría.

La defensa de Milagro Sala denunció que el proceso en su contra estuvo plagado de irregularidades y de violaciones a sus derechos constitucionales, y enumeró todas las violaciones al derecho que se registraron y que incluso denunciaron aquí periodistas y organizaciones de derechos humanos..

La decisión de la Corte Suprema fue un golpe más para la justicia, y la reacción de los diversos sectores políticos y sociales es de rechazo absoluto por esta condena, cuando han sido comprobadas las irregularidades cometidas.

El caso del atentado contra Fernández de Kirchner

La Cámara Federal de esta capital admitió la querella que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó con relación al pedido de apartar de la causa por el intento de magnicidio del pasado 1 de septiembre, a la jueza María Eugenia Capuchetti.

Todo continúa con una lentitud exasperante y por esta razón la Cámara “concedió un recurso de apelación a la querella de la vicepresidenta para acudir a la Cámara Federal de Casación Penal que ahora será quien decida si Capuchetti es o no impugnada. Los medio citan como un dato importante que la revisión en este caso lo hará la Sala II, integrada por Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y en la que volverá a sentarse quien ocupó este año la presidencia rotativa de la Casación, Alejandro Slokar.

“Esa composición contiene lo que en Comodoro Py no abunda, una abanico de miradas plurales. La querella llegó a esta instancia a puro batallar”, señala Página 12.. El 25 de noviembre pasado, la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó a la jueza en el expediente y rechazó la recusación pedida por la querella, lo que fue apelado por los abogados de la vicepresidenta José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, La resolución la firmó el camarista Leopoldo Bruglia.

La vicepresidenta ha señalado que el planteamiento de la querella considera “la falta de imparcialidad que se desprende de toda la actuación de la jueza” que “solo puede deberse a negligencia o mala fe, rodeadas de incapacidad para dirigir una investigación”, mencionando la serie de irregularidades en el accionar de Capuchetti, que ha dejado pasar una cantidad de pruebas concretas, e incluso tomando medidas tardías, lo que comenzó con la apertura en su juzgado del celular del principal imputado Fernando Sabag Montiel , quien apretó el gatillo de una pistola que colocó a diez centímetros de la cabeza de Fernández de Kirchner y pero no salió la bala, y fue detenido allí mismo por los manifestantes.

De ahí en adelante existen una cantidad de acciones de esta jueza federal, que ha dejado perder pruebas importantes,. En uno de los varios puntos planteados “lo que ha sido lo más característico de la conducta procesal de Capuchetti –señalaron los abogados defensores- fue su nula voluntad de investigar más allá de los vendedores de copos de azúcar”. Aunque con lentitud, admiten que realizó medidas sobre los vendedores de copos de azúcar, pero cada vez que una línea señaló a personas por fuera de este círculo, “la jueza frustró la investigación y posibilitó la pérdida de prueba fundamental”.