Durante los últimos cuatro años en este espacio hemos reiterado el papel relevante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desempeñado como único contrapeso institucional efectivo, si bien insuficiente, frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha concentrado en el Ejecutivo niveles de poder sin precedente durante este siglo. Hoy, a dos años de la conclusión del actual sexenio, está por culminar la gestión del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, caracterizada por un cuestionado ejercicio de su autonomía, y cinco ministras y ministros han postulado su candidatura para relevarlo a la cabeza de la máxima instancia del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Esta elección –que debe llevarse a cabo en la primera sesión de 2023 del pleno– será clave para vislumbrar el porvenir de una Corte que los últimos años ha desperdiciado oportunidades para consolidarse como poder autónomo y salvaguarda de la centralidad de los derechos humanos frente a proyectos de nación arraigados en lecturas de la realidad sin matices y polarizantes. Por ello resulta relevante analizar los perfiles de quienes se postulan como candidatos a la presidencia de la SCJN.
Yasmín Esquivel Mossa es la única del listado que fue ratificada como ministra en el presente sexenio. Distinguida por sus votaciones favorables a la 4T y por haber sido de las pocas ministras defensoras de la prisión preventiva oficiosa en casi toda su extensión, dice apostar en su proyecto de presidencia por una Corte independiente, accesible, incluyente y actualizada tecnológicamente. Entre sus propuestas, destaca la conformación de una unidad en materia de cooperación internacional para los derechos humanos.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro desde 2012, enfatiza en su proyecto de presidencia la priorización del acceso a la justicia mediante la instalación de módulos en todo el territorio nacional y prisiones; así como la creación de tribunales especializados en ambiente y el seguimiento a la reforma laboral. Considera su propia candidatura como un proyecto de continuidad al del actual ministro presidente Arturo Zaldívar.
Javier Laynez Potisek, ministro desde 2015, destaca en su proyecto el establecimiento de la neutralidad política como punto de partida; el fortalecimiento de la transparencia, el combate a la corrupción, la accesibilidad de la justicia y la atención a grupos vulnerables. Propone la creación de un observatorio ciudadano que vigile la función administrativa del Poder Judicial, la emisión de sentencias con lenguaje accesible, el establecimiento de medidas de justicia diferenciada para grupos vulnerables y la transición tecnológica para la realización de juicios en línea.
Alberto Pérez Dayán, ministro desde 2012, y opositor a la 4T alrededor de las más recientes votaciones en el Pleno, privilegia en su proyecto las apuestas por la autonomía e independencia judicial, la austeridad, la equidad de género, un nuevo modelo de justicia laboral y el uso de tecnologías de la información. Destacan entre sus propuestas el ejercicio colegiado en la toma de decisiones de la presidencia, una mayor autonomía del Consejo de la Judicatura Federal, y la creación de una Unidad garante de la autonomía de las personas juzgadoras.
Por último, Norma Lucía Piña Hernández, ministra desde 2015, plantea en su proyecto como punto de partida la independencia del Poder Judicial, el combate a la corrupción y la centralidad de los derechos humanos. Destacan sus propuestas para crear Unidades Especializadas en materia de perspectiva de discapacidad, perspectiva de género, ambiente y cambio climático, así como de atención a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Propone la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción en el PJF, el servicio civil de carrera en las áreas administrativas y el desarrollo de soluciones digitales en la impartición de justicia.
Estos son los cinco perfiles de entre los cuales surgirá el nuevo liderazgo de la Corte y quien en buena medida decidirá el devenir de una nueva oportunidad para que el PJF se consolide o no como poder autónomo que ejerza su legítimo rol de contrapeso del Ejecutivo en beneficio de la salud de nuestra frágil democracia. Esta oportunidad se despliega en una agenda que incluye entre sus principales asuntos las reformas en materia electoral, la militarización de la seguridad, la misma prisión preventiva oficiosa, alrededor de las cuales la Corte definirá su decisión, o no, de salvaguardar la dignidad de una nación aquejada por graves problemas estructurales en materia de seguridad, justicia y equidad.
Una Corte autónoma es una Corte que apuesta por el fortalecimiento de la democracia y la centralidad de los derechos humanos en el servicio público de nuestro país. La desburocratización de la justicia, la accesibilidad plena, el establecimiento definitivo de las perspectivas de género e inclusión y el estricto apego a las convenciones, recomendaciones y sentencias emitidas por organismos internacionales, son correlatos innegociables de la reivindicación de su autonomía. Por ello será crucial la elección que al inicio del próximo año deberán realizar los ministros; ellos y la sociedad deben ser plenamente conscientes que es mucho lo que está en juego.
