Ciudad de México. A punto de concluir el periodo de sesiones en el Senado de la República, el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones de la Sociedad Civil Acompañantes, que integran a habitantes de comunidades de Chihuahua, Chiapas, Guerrero, entre otras, urgió a los legisladores a aprobar el proyecto de Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente esta problemática.
Refirieron que esa fue también una recomendación emitida por la relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas Internas, Cecilia Jiménez-Damary, quien realizó una visita oficial al país, del 29 de agosto al 9 de septiembre pasado.
De hecho, recordó que una comisión de senadores se reunió el 31 de agosto con Jiménez-Damary y le solicitaron recomendar la agilización del proceso legislativo, lo cual se incluyó en su Declaración de Cierre de Misión de la relatora, emitida el 10 de septiembre.
El colectivo señaló que entre los años 2006 y 2021 al menos 379 mil 322 personas han tenido que salir huyendo de sus lugares de residencia “por el riesgo potencial o latente de sufrir algún tipo de violencia, constituyéndose en personas desplazadas forzadas internas”.
Indicó que si bien en 2019 el gobierno federal reconoció la existencia y gravedad de los hechos delictivos que originan y tienen como efecto el desplazamiento forzado interno, y que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley, “el Senado hasta ahora ha frenado la posibilidad de que exista” esta norma.
“Las comisiones unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda expidieron el dictamen correspondiente durante el último periodo ordinario de sesiones del año 2021 sin que desde entonces sea incorporada a la agenda legislativa para su aprobación por el pleno”, expuso en un pronunciamiento.
Demandó también que se tipifique el delito de desplazamiento forzado en los instrumentos legales en materia penal.
