Las comisiones de Seguridad y Gobernación de la Cámara de Diputados aprobaron hoy por unanimidad de 51 votos, el dictamen de reforma a la Ley Sobre el Uso de la Fuerza, con el cual se busca cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó incluir los principios de racionalidad y oportunidad, así como eliminar el concepto de “uso de fuerza epiletal”, por el riesgo de permitir a las fuerzas policiacas utilizar armas de fuego y disparar, incluso para disolver manifestaciones.

La cámara está en falta desde febrero pasado, límite que le impuso la Corte para resolver en esas materias, y este martes ambas comisiones aprobaron finalmente la reforma, que se envió a la Mesa Directiva.

En la sesión de esta mañana, diputados de todas las bancadas se expresaron en favor del dictamen, que se confeccionó a partir de siete iniciativas de legisladores.

El presidente de la Comisión de Gobernación, Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), resaltó que con la reforma se supera una asignatura pendiente para el Estado mexicano, al incluir en la ley los principios de oportunidad y racionalidad en el uso de la fuerza, así como incorporar la obligación de contar con cuerpos de seguridad capacitados y formados en el respeto a los derechos humanos.

“Se ha dado un paso fundamental y reconocer que todos debemos, contribuir en dictámenes pensando en el beneficio de los mexicanos y en la fortaleza del Estado mexicano”, indicó.

La diputada Guadalupe Román Ávila (Morena) recordó que el uso irracional de la fuerza provocó, por ejemplo, el homicidio de seis personas en Ecatepec, cometido por la policía nacional. “Tenemos también varios casos de la policía estatal, y es importante la capacitación a estas corporaciones locales, no es solo a la Guardia Nacional, porque suceden estas agresiones por falta de capacitación”, indicó.

Olimpia Esquivel, también de Morena, expresó que se trata de un esfuerzo conjunto de las comisiones, que entendieron la necesidad de aprobar normatividades claras, para que las policías que cumplen con una tarea sensible,se muestren ante la ciudanía ejerciendo su función debidamente y evitar que el Estado sea objeto de sentencias condenatorias por violaciones a los derechos humanos. “Hay que ser claros en los protocolos y una capacitación debida, sobre todo en materia de género”.

Para cumplir con el mandato de los ministros, el dictamen incluye el principio de racionalidad con objeto de que “el uso de la fuerza sea producto de una decisión en la que se valora el objetivo que se persigue, las circunstancias de la agresión, las características personales y las capacidades tanto del sujeto a controlar como del integrante de las fuerzas de seguridad; lo que implica que, dada la existencia del acto o intención hostil, es necesario la aplicación del uso de la fuerza”.

Mientras que el principio de racionalidad, para que cuando se requiera el uso de la fuerza, “se evite todo tipo de actuación innecesaria cuando exista evidente peligro o riesgo de la vida de las personas ajenas a los hechos. Esto significa procurar, que se reduzcan al máximo los daños y afectaciones tanto a la vida como a la integridad y los derechos de las personas involucradas y sus bienes y en general”.

La Corte emitió el fallo, a partir de una impugnación que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las omisiones del Congreso, al aprobar la citada ley. En sus consideraciones, los diputados recordaron que la Corte determinó que no se justificó que los diputados no previeran la incorporación de ambos principios.

Respecto del uso de la “fuerza epiletal”, la Corte concluyó que el Congreso no definió lo que debe entender por ese concepto, además de que tampoco ha sido desarrollado en los estándares nacionales e internacionales en materia de uso de la fuerza, sino que “fue concebido por el legislador de manera ambigua”.

En el dictamen, que parte de siete iniciativas de todas las bancadas, las comisiones admiten que la “fuerza epiletal” consiste “en la fuerza previa a la letal en cuanto al grado de su intensidad, y tiene como impacto en las personas una lesión grave, y permite el empleo de armas menos letales o de fuego para neutralizar a los agresores y proteger la integridad de la autoridad o de personas ajenas”.