El proyecto toma como base el documento que la cámara encargó a los doctores en derecho Diego Valadés y Daniel Barceló, en 2016, y permitiría reglamentar la reforma a la Constitución en materia de gobiernos de coalición, explicó en el documento el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas.

De esta manera, la iniciativa plantea definir como gobierno de coalición “la unión de uno o más partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión, convocados de manera expresa por el Presidente de la República, que elaborarán un programa de gobierno compartido y lo someterán a la aprobación del Senado. El programa será ejecutado y evaluado por el Gabinete que acuerden los partidos políticos coaligados”.

La propuesta plantea que las administraciones públicas deben gobernar con la ciudadanía y, en ese sentido, prevé constituir foros ciudadanos para la conformación e integración de un programa de gobierno.

También, integrar un consejo económico y social nacional autónomo, que sea auditor de desempeño y evaluación del cumplimiento del programa de gobierno, ,así como de sus políticas.

En las consideraciones, la iniciativa de Moreno Cárdenas resalta que todas las iniciativas de reforma electoral no han podido superar, “la antitética gran detente propia del antiguo modelo político: ‘el que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo’, un clásico mantra proveniente del seno del sistema de partido hegemónico, que ha sido insuficientemente matizado por los méritos del sistema electoral mixto, incapaz de corregir de fondo la sobre representación en el Congreso, pero sobre todo la propensión al no acuerdo”.

Se trata de un método electoral cuya improductividad se ha expresado, por ejemplo, “en la constante de gobiernos divididos, que era necesario equilibrar para poder avanzar, cuestión que motivó el denominado Pacto por México, como un recurso coyuntural de acuerdos, saludable en su momento, pero insuficiente también para resolver de manera estructural y a largo plazo la tensión entre pluralismo y eficacia de gobierno”, señala.

La iniciativa, que se turnó a comisiones, refiere que, al ante proyecto presentado por Valadés y Barceló, por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se le incluyeron modificaciones, antes de presentar la iniciativa de ley de gobiernos de coalición.

Por ejemplo, se propone que la facultad del Presidente de optar en cualquier momento por un gobierno de coalición, se ejercerá por voluntad propia y/o en cumplimiento de un compromiso explícito de conformar un gobierno de coalición, previsto en el frente político o en la coalición electoral gobernante.

“Esta adición, además de abonar al desarrollo de esta forma de gobierno desde el mismo proceso institucional de renovación política, apoya el necesario fortalecimiento del sistema de partidos, de manera que la ley constituya también un referente, incluso espejo, para el diseño y elaboración del reglamento o normatividad interna que decidan los partidos políticos al conformar un frente político nacional o una coalición electoral”, señala.

También, definir la integración de dos órganos rectores: una conferencia permanente del gobierno de coalición y un consejo político del gobierno de coalición, como encargados de garantizar la gobernabilidad interna del gobierno de coalición, que procuren su permanencia, consolidación y desarrollo, mediante el diálogo, la información y la interacción constante y actuante de los partidos políticos integrantes de la coalición y, en su caso, a través de promover y organizar de manera proactiva la resolución constructiva de toda posible controversia.

Con ello “se pone especial énfasis en robustecer la capacidad de gestión de las posibles discrepancias en un gobierno de coalición, toda vez que al igual que en los frentes políticos nacionales y/o en las coaliciones electorales los partidos políticos mantienen su identidad y derecho a expresar coincidencias y diferencias, o líneas rojas, aunque siempre subordinadas al convenio de coalición que acordaron firmar”, resalta. De ahí que la gobernabilidad interna requiera siempre contar con eficaces instancias de mediación.

También se agrega que las dirigencias nacionales de los partidos podrán sugerir al Presidente, los nombres de las personas que el Ejecutivo proponga al Senado como titulares de las secretarías del gabinete presidencial, así como a quienes los sustituyan en caso de renuncia o sustitución.