Roma. Dos grupos europeos de asistencia anclaron sus buques de rescate en puertos italianos el domingo y unos 500 refugiados desembarcaron, aun cuando el gobierno insistió en que no cedería en su política dura contra el contrabando de migrantes desde el norte de África.
El Geo Berents, del grupo francés Médicos sin Fronteras, llegó al puerto de Salerno cerca de Nápoles y 248 personas desembarcaron.
“Están contentas y aliviadas, al igual que nosotros”, declaró Juan Matias Gil, director de la misión, en Salerno.
Más al norte en el Adriático, el buque Humanity 1, operado por el grupo alemán SOS Humanity, llegó al puerto de Bari con 261 personas a bordo y todas desembarcaron. SOS Humanity indicó en un comunicado que las personas sobrevivieron a una ardua odisea con olas de tres metros (12 pies) y que el pedido del grupo de llegar a un puerto más cercano fue rechazado.
Los desembarcos siguen a la llegada el viernes del Louise Michel en Lampedusa, Sicilia. Treinta y tres personas se bajaron de ese buque, financiado y decorado por el artista Banksy.
El nuevo gobierno italiano, de la primera ministra Giorgia Meloni, cuyos aliados hicieron campaña con una dura retórica en contra de la inmigración ilegal, ha tratado de presentar una postura firme contra los grupos humanitarios que rescatan a migrantes en el mar.
El ministro del Interior Matteo Piantedosi inicialmente trató de aplicar una política según la cual se permitía solo la llegada de migrantes “vulnerables” y que los países cuya bandera ondee en los buques reciban a los demás. Esa política llevó a una impasse diplomático con Francia el mes pasado en el que París suspendió su participación en un sistema de reubicación de refugiados.
El Ministerio del Interior de Italia declaró hace poco que el gobierno no cederá pero que cumplirá su responsabilidad de salvar vidas ante el empeoramiento de las condiciones en alta mar.
“Salvar vidas siempre guiará las decisiones del gobierno, aun a pesar de las acciones provocadoras y arriesgadas de las ONG”, indicó el ministerio en un comunicado.
El gobierno acusa a las ONG de animar a la migración ilegal y de asistir a los traficantes que cobran cientos de euros por la travesía por el Mediterráneo desde Libia. Las ONG niegan estar alentando la migración y afirman que solo tratan de salvar vidas.
Las ONG y expertos legales argumentan que las políticas de Piantedosi violan las leyes internacionales y marítimas, según las cuales toda persona hallada en alta mar debe ser llevada al puerto más cercano.
