Lima. “¿…Juráis desempeñarse lealmente y fielmente y sin cometer actos de corrupción?”, preguntó la nueva mandataria del Perú, Dina Boluarte, a cada uno de sus 17 ministros al juramentarlos la tarde del sábado en la sede del gobierno, el primero de ellos el abogado José Angulo Arana, quien ejercerá el estratégico cargo de presidente del Consejo de Ministros.

Lo de “sin cometer actos de corrupción” es toda una novedad, una innovación de la incipiente gobernante y tiene que ver, sin duda, con intentar ofrecer una respuesta a la generalizada percepción existente en la sociedad peruana, de que la clase política llega al poder y a las instituciones a robar y a favorecer a sus parientes y amigos.

La ceremonia, efectuada con la solemnidad requerida en el Palacio de Gobierno, se retraso tres horas respecto del horario inicial previsto, lo cual generó una creciente expectativa de los reporteros ahí presentes respecto de las causas de aquel, particularmente cuando se supo que quien aparentemente era el elegido para encabezar el gabinete -el ex embajador en Naciones Unidas Manuel Rodriguez Cuadros, y quien se dijo fue visto ingresar a la sede gubernamental- hizo una declaración anunciando que no estaba en sus intenciones asumir cargo alguno.

Transcurridos tres días desde la defenestración de Pedro Castillo, constituir el equipo de ministros era urgente no sólo como señal de que el convulsionado país da un paso hacia la normalidad, sino también porque la emergencia creciente de la movilización social -principalmente en demanda de la disolución del Congreso y por la realización de elecciones generales, una demanda de 85 por ciento de la población-, exige responder a ella con muestras de gobernabilidad y toma de decisiones que alivien la tensión.

Su margen de error es estrecho, hay consenso en ello.

Tal vez por ello fue que Boluarte, terminada la juramentación y rodeada de ministras y ministros, dio un mensaje al país el cual inicio haciendo “un llamado fraterno a la calma, a la tranquilidad y la paz social”.

“Evitemos conflictos que pongan en riesgo nuestra hermandad como peruanos. Estoy atenta a las preocupaciones y demandas sociales, y ofrezco mi mano abierta para atender justos reclamos. Y con la ayuda de todos los sectores sociales y fuerzas políticas, volveremos a tener la estabilidad que nuestro país tanto requiere y exige”, dijo.

Luego, tras defender la legitimidad de su presidencia -“he asumido el mando de la nación como primera presidenta del Perú en 201 años de vida republicana al haber sido parte de una fórmula presidencial que ganó las elecciones en junio de 2021”-, reconoció que ello “no es un cheque en blanco, sino un compromiso con cada uno de ustedes para salir de la crisis política y los graves efectos de la pandemia. Seguir reactivando el país y atender las necesidades más urgentes para nuestros hermanos y hermanas, como la sequía que amenaza con afectar la agricultura, esa es nuestra tarea, nuestro compromiso”.

Luego argumentó que su gabinete está pensado para que “esté a la altura de lo que requiere el país" y para que el suyo sea un gobierno que “trabaje por la reactivación económica y la justicia social y nos encamine por la senda del progreso. El gobierno de unidad nacional será para todas y todos los peruanos. Un gobierno de diálogo, de concertación, de crecimiento económico y de cohesión social".

Finalmente, si bien reconoció la legitimidad de la movilización social, advirtió que la policía tiene claro el "ejercicio legal y legítimo de la autoridad para mantener el orden público y la paz social. La responsabilidad, la paz y la tranquilidad es posible con el esfuerzo de todos.

El gabinete casi paritario

De los 17 ministros juramentados, ocho son mujeres y nueve son hombres; resta conocer quiénes serán los titulares de las carteras de Trabajo y de Transporte y Telecomunicaciones.

De acuerdo a un analista local, la mayoría son funcionarios que venían desempeñándose en ministerios, en cargos de directores de división, jefes de gabinete y asesores.

El premier Angulo Arana es doctor en derecho e historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue fiscal titular en el Ministerio y decano del Colegio de Abogados de Lima. Tendrá la tarea mayor de articular el gabinete y entenderse con el Congreso.

Pero en su contra pesa el antecedente -y que apenas conocerse su nombre reflotó en redes sociales- de dos denuncias por acoso sexual que datan de 2011 y que efectuaron una asistente y una fiscal adjunta, lo cual significó su salida del Ministerio Público.

El ministro del Interior será César Augusto Cervantes, un ex comandante general de la Policía Nacional del Perú que pasó a retiro en septiembre de 2021, tras 33 años de servicio, y que es experto en servicio policial, seguridad ciudadana, inteligencia, orden interno y orden público.

La Ministra de Relaciones Exteriores será Ana Gervasi Díaz, abogada de la Universidad Católica del Perú (PUCP) con un posgrado en Relaciones Internacionales y título profesional en diplomacia por la Academia Diplomática del Perú. Fue viceministra de Comercio Exterior desde marzo de 2022.

Alex Contreras Mirada será el ministro de Economía y Finanzas; fue viceministro de Economía desde agosto de 2021 hasta la salida del expresidente Castillo. Es ingeniero económico de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú (UNI), y master of Arts in Policy Economics, por la Williams College de Estados Unidos.

En otros hechos del día, la ex premier Bettsy Chávez, la principal colaboradora de Castillo al momento del intento de disolución del Parlamento, compareció finalmente ante la Fiscalía de la Nación; y otro ex primer ministro, Aníbal Torres, anunció que pasaba a la clandestinidad.

En tanto, Guillermo Bermejo, congresista aliado del ex gobernante y que lo visitó en el cuartel policiaco donde permanece arrestado, hizo circular una misiva escrita a mano y que atribuyó a Castillo, en la cual este afirmaría que “una fiscal sin rostro” y “un grupo de médicos camuflados” intentaron extraerle una muestra de sangre sin su consentimiento. Responsabilizó de ello a fiscal de la nación, Patricia Benavides, y a la presidenta Boluarte, acusándolas de urdir un “plan maquiavélico”en su contra.