Lima. No se habían cumplido aún las primeras 24 horas desde la juramentación de Dina Boluarte Zegarra como presidenta de Perú, en remplazo del destituido Pedro Castillo, cuando en la sociedad peruana ya se instalaba el debate acerca de adelantar las elecciones generales.

Sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país; más adelante en coordinación con todas las organizaciones estaremos viendo alternativas de reorientar los destinos del país, admitió ella, sin descartar esa posibilidad, en su primer contacto como mandataria con la prensa la mañana del jueves, de tan sólo cinco minutos, en los exteriores del Palacio de Gobierno.

Teóricamente, Boluarte debería concluir el periodo presidencial de cinco años para el que fue electo Castillo, hasta el 28 de julio de 2026, pero es evidente que enfrenta una situación muy compleja, entre otros factores, por el deterioro institucional que causó que el país tuviera seis presidente en algo más de seis años; y su propia debilidad política porque ella carece de una fuerza parlamentaria y partidaria que la respalde. Y a final de cuentas –aunque fue expulsada de Perú Libre en enero de 2022 por declarar que nunca abrazó el ideario del partido oficialista–, ella fue parte de la fórmula presidencial de esa organización izquierdista.

La presidenta parece ser consciente de ello, un ejemplo es que aún no ha podido definir su equipo ministerial, pues la mayoría de quienes integraban el gobierno de Castillo renunciaron en el acto vía redes sociales cuando se enteraron del intento de aquel de disolver el Congreso y gobernar por decreto.

Las circunstancias en que se ha asumido esta alta responsabilidad no es la más optima y es por eso la emergencia en la que debo estar despachando y atendiendo para poder hacer frente a las necesidades y la realidad del país, expresó.

Adelantar las elecciones es la demanda que se escucha en las calles de Lima, cuando se conversa con los ciudadanos. Muchos dicen apoyar la destitución del ex gobernante porque dan credibilidad a las acusaciones de corrupción en su contra, pero sobre todo lo responsabilizan de no haber mejorado las condiciones de vida del pueblo y de alejar del país a los inversionistas.

La suerte del maestro rural

El defenestrado ex gobernante está preso en la base de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional del Perú (PNP), hasta donde al mediodía llegó la fiscal general de la nación, Patricia Benavides, a tomarle declaración y probablemente a notificarle cargos, entre ellos el de rebelión con flagrancia, penado hasta con 20 años de presidio, usurpación de funciones y conspiración, según algunas fuentes.

Preventivamente, a solicitud de la fiscalía que alegó riesgo de fuga y la posibilidad de que México le otorgue asilo político, el juez Juan Carlos Checkley ordenó siete días de prisión preliminar para Castillo, recluido en el mismo lugar donde purga sentencia el ex mandatario Alberto Fujimori.

Es sabido que la fiscalía intervino la noche del miércoles el despacho presidencial, secuestrando documentos y las grabaciones de las cámaras de seguridad, en la búsqueda de determinar posibles cómplices que lo acompañaron.

La intentona de Castillo parece una chambonada improvisada justo antes de que el Parlamento discutiera un tercer pedido de vacancia, de tan primitiva preparación que se derrumbó apenas dos o tres horas después de que él compareciera tembloroso a anunciarla: no encontró el mínimo respaldo de militares ni de policías, sorprendió a su propio equipo ministerial que se apresuró a abandonarlo y ningún personero salió a respaldarlo. Tanto, que apenas unos 120 minutos después de haber leído lo que se aprestaba a hacer, él y sus familiares salieron presurosos desde el Palacio de Pizarro para dirigirse por asilo a la embajada de México, pero no logró llegar porque fue detenido por sus propios escoltas en el trayecto.

¿Cómo es que minutos antes has dado un mensaje golpista pretendiendo disolver el Congreso y otras instituciones fundamentales, para poner pies en polvorosa hacia la embajada mexicana? Evidentemente hay algo que aquí no cuadra desde la perspectiva de un plan golpista en toda la línea, pero más allá de eso, hubo un acto que quebró el orden constitucional, cuestionó el analista Iván García Mayer.

Que esto haya podido ser de un plan absolutamente disparado, precario y deshilachado para huir del país por las graves acusaciones de corrupción que seguían avanzando, es algo que en las próximas horas terminaremos de saber, agregó.

Pero incluso si Castillo y los suyos hubiesen podido aproximarse hasta la embajada mexicana en esta capital, jamás habrían podido ingresar a ella: ciudadanos peruanos, y también algunos mexicanos residentes, habían cercado la embajada y bloqueado las calles de acceso, haciendo imposible avanzar y alcanzarla.