Acapulco, Gro. Alrededor de 60 por ciento de 277 edificios que integran el conjunto habitacional Pedregal de Cantaluna, tienen que ser demolidos, según el dictamen maestro presentado este viernes por la tarde a habitantes de este sitio, donde la totalidad de las viviendas presentaron algún tipo de daño debido al sismo de magnitud 7.1 registrado el 7 de septiembre de 2021 en Acapulco.

Marcelo Arroyo, en representación de la empresa Mar-Ar Ingenieros, que realizó el estudio final, explicó que para la elaboración del dictamen, se efectuaron una evaluación estructural de los edificios, análisis del suelo y pruebas experimentales.

El dictamen concluye que los edificios construidos por la empresa inmobiliaria Casas Paquimé, no son habitables por lo estructural, pues fueron construidos con material de calidad deficiente, y por no cumplir requisitos normativos.

Debido a ello se requieren intervenciones estructurales en los inmuebles, pues presentan fisuras y daños en muros.

Desde el punto de vista de suelo, el conjunto habitacional presenta anomalías en ciertas zonas del conjunto de viviendas.

El estudio fue presentado en la propia unidad habitacional Pedregal de Cantaluna, entre protestas y reproches de los habitantes, pues no están de acuerdo en que algunas casas solamente sean reforzadas, y exigen que todas las viviendas sean reconstruidas.

También recriminaron que no estuvieran presentes autoridades federales, ya sea de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Coordinación Nacional de Protección Civil, Infonavit o Fovissste.

El secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado de Guerrero, Roberto Arroyo Matus, explicó que el dictamen maestro es un documento que necesitaba la Federación para decidir qué se va a llevar a cabo.

Advirtió que la unidad habitacional Cantaluna no es habitable.

Enfatizó que “estamos ante una situación compleja, estamos en la mejor disposición de llevar a cabo todas las gestiones para llegar a una solución pronta. Se harán las gestiones necesarias por parte del gobierno estatal”.

Explicó que “era muy necesario este estudio para dar paso a las acciones que se tienen que llevar a cabo, con la participación de los tres niveles de gobierno y dar solución a las personas damnificadas”.

Arroyo Matus mencionó que el costo de la solución es incalculable, al expresar que alrededor de 60 por ciento de 277 edificios se deben demoler, y será el gobierno federal el que tomará decisión si se construyen edificios nuevos, se reubica a los habitantes, o que la empresa inmobiliaria reconstruya la unidad.

Manifestó que “es una cantidad fuerte, es un problema serio, hay que dar atención a toda la población”.

Insistió que serán autoridades federales, una vez que sea revisado el dictamen final, las que decidan si las casas que requieren ser reparadas, deben ser demolidas y reconstruidas, o reforzadas, en base a los costos.