Ciudad de México. “Se va a seguir intentando” concretar una reforma constitucional en materia electoral como la que rechazó ayer la Cámara de Diputados, dijo Pablo Gómez, integrante del grupo que presentó el proyecto hace ocho meses en Palacio Nacional.
La reforma “ha naufragado de momento”, acotó, al tiempo de aclarar que el objetivo va más allá de “tocar o no al INE” sino cambiar el sistema en los puntos críticos vinculados al reparto de posiciones políticas y a la corrupción.
Horas después del rechazo a la reforma constitucional por la oposición en San Lázaro, y la inmediata aprobación de cambios en leyes secundarias, vía los votos de Morena y aliados, Gómez compartió mesa con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, en el foro convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Ambos fueron moderados en sus intervenciones. Córdova defendió la estructura desconcentrada del INE, bajo el argumento de que no solamente sirve para brindar servicios básicos sino “permite conocer el terreno, permite saber cómo se mueve la presencia del narcotráfico en el país; permite saber donde hay conflictividad social; permite estar presente y acompañar esa conflictividad, para que el día de las elecciones se puedan instalar casillas”.
Subrayó que por cuestiones de seguridad no se han dejado de instalar casillas en las elecciones recientes.
“Ninguna, ninguna, ninguna, y en donde hay conflictividad social el INE muchas veces es el elemento, la institución que permite que esa conflictividad no impida la instalación de elecciones”.
También defendió que el padrón electoral esté en manos del INE y no del gobierno porque “¿Qué garantías hay de que el gobierno manejará de manera autónoma, independiente un listado electoral?”
En esta ocasión el consejero no mencionó, como suele hacerlo en otros foros, los riesgos de hacer una reforma a partir de “rencores”, y tampoco que la reforma se busca la “captura política” de las instituciones electorales.
El primero en exponer fue Pablo Gómez, experto en el tema político-electoral, pues ha sido legislador siete veces y en dos ocasiones representante partidista ante el consejo general del IFE-INE.
Explicó que la iniciativa desechada fue ideada por el Presidente López Obrador no tanto como una reforma electoral sino como una reforma política, frente a elementos que han hecho crisis, como el sistema de representación popular.
En esta lógica se pretendía, “y se sigue pretendiendo”, dijo, dotar de una auténtica representación porque ahora el reparto se hace con base en las decisiones de las cúpulas. En esa misma lógica se pretende quitar el financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos, porque el esquema actual “no le conviene al país” porque lo que crea son burocracias bien pagadas por el Estado, parasitarias e inservibles, sin función democrática alguna.
Luego, al hablar de los cambios al sistema institucional, enmienda “que se va a seguir intentando”, dijo, señaló que erróneamente se le dio poder al INE, en un contexto en el que los consejeros son producto de un reparto, de cuotas entre los partidos políticos.
“Dotar de poder a la autoridad electoral es un error; la atrofia burocrática es parte de ese poder que se le dio y se ha discutido mucho ese asunto”, manifestó.
De ahí mencionó que el objetivo de la reforma no es solamente disminuir el gasto exagerado del sistema electoral, sino sacar a los partidos del consejo general.
Instó entonces a no despreciar, bajo un “liberalismo inconsecuente y contradictorio consigo mismo”, otras alternativas (la iniciativa planteaba la elección por voto popular de consejeros y magistrados), e incurrir en posiciones del pasado como cuando se trató de impedir el voto universal, así como el sufragio de quienes no sabían leer o de los migrantes.
“El sistema hay que modificarlo, pero hay que modificarlo en un sentido, como dijera yo, más bien constructivo; no se trata ni de tocar al INE, porque muchos no nos atreveríamos a estarlo tocando, y tampoco se trata de afectarlo, se trata de construir una cosa nueva y, por lo menos abrirse al análisis de qué tendría que ser lo nuevo y porqué, pues es lo procedente, en lugar de decir ‘no, no tocar, no toque ahí’”.
Subrayó que los motivos de la iniciativa se explican en que la actual fuerza gobernante “es la principal víctima de todo lo que ha sido el sistema electoral mexicano”, y le queda claro que no se “reconciliará” corruptos.
Puso como ejemplo que en la elección de este año en Tamaulipas hubo compra de votos con dinero público pero la autoridad electoral no documentaron esos delitos, sostuvo.
“En este momento sería un error muy grande plantearse una reconciliación entre la nueva fuerza gobernante y el estado corrupto, un error muy grande, es una posición a la que no nos puede llevar la rispidez política”, dijo Gómez.
Aclaró que la rispidez es tolerada en democracia y no hay que asustarse, pero es necesario establecer que en México reconciliarse con el corrupto es hacerlo con quienes compraron votos defraudaron y robaron la hacienda pública por miles y miles de millones de pesos.
Y la lucha contra el estado corrupto no se va a acabar en poco tiempo; es una lucha gigantezca, erosionante, cotidiana, terrible.
Dijo que en su función pública actual se ha asomado a muchas “realidades impresionantes” de corrupción insaciable, por lo que desmontarla va a llevar por lo menos una década y será muy complicado.
De este modo insistió en claro que no es opción reconciliarse con la corrupción, porque es una fuerza gobernante que vino desde abajo y no surge de algún poder económico.
Y ante el rechazo de la reforma constitucional de “minorías que tienen una condición favorable para completar una mayoría, y pues hacen su agosto” dijo que ese intento de cambio “ha naufragado de momento”.
Reiteró que “no hay ninguna intención de perjudicar a ninguna autoridad o denostar a alguna institución; la rispidez del debate ha sido en todos lados”.
Concluyó su participación refiriéndose a los artículos 7 y 134 constitucionales; el primero relacionado con la libertad de difundir ideas por cualquier medio, y el segundo para “impedir que la autoridad utilice recursos públicos para hacerse propaganda. Punto. Ni un centavo”, así que lamentó que se pretenda utilizar estos preceptos para pretender quitarle a alguien “el modo honesto de vivir” y con ello impedirle ser candidato.
Eso puede llevar a la violencia, advirtió.
“Lo digo en serio. No hay que abusar de la cautela de los protagonistas de la lucha política, a veces todo tiene un límite. Lo hicimos en el desafuero, el gobierno se echó para atrás, si no hubiera sido por eso, hubiera habido violencia, se los garantizo. Hay que ver un poco nuestra historia contemporánea más reciente y no abusar del poder”.
Al respecto, en su turno, Córdova dijo que es muy preocupante que pretenda volverse a instalar en el discurso electoral o en el discurso público la lógica o la amenaza de la violencia, aun cuando haya decisiones legislativas que no gusten.
“Malas reglas pueden acabar propiciando decisiones que no son las mejores, modifiquemos las reglas para bien, pero no amenacemos con que la aplicación de las reglas, que son producto del acuerdo político, no de la autoridad electoral, pueden propiciar violencia”, señaló.
Tratar de instalar el discurso de la amenaza de la violencia en la discusión pública, añadió, “y más aun cuando viene desde el poder, me parece que es absolutamente peligroso, por no decir, incluso, delicado”.
Al inicio de su mensaje destacó que las reformas electorales han sido como un “deporte nacional” desde hace 45 años, tema que – consideró- ha sido una de las tareas mejor logradas de la sociedad mexicana “a partir de una serie de arreglos políticos que tuvieron una lógica cada vez más importante”.
Sugirió siempre ver la historia y discutir una reforma electoral siempre a partir de datos más que de filias y fobias “que son entendibles” pero que “nos puede llevar por opciones que no necesariamente son las mejores”.
Consideró que es parte de la responsabilidad de la autoridad electoral hacer reflexiones que alimenten el debate.
