Ciudad de México. El Octavo Tribunal Colegiado en materia Penal en ciudad de México negó amparar a Petróleos Mexicanos (Pemex) con el que buscaba revocar la resolución del tribunal unitario que le otorgó a Emilio Lozoya Austin el beneficio de la libertad provisional dentro del proceso penal que se inició en su contra por el caso de la planta de Agronitrogenados.

Sin embargo, esto no quiere decir que el ex funcionario abandone el Reclusorio Norte ya que enfrenta el juicio por los sobornos de Odebrecht, y tampoco se traduce en la cancelación de los cargos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la compra con sobreprecio de dicha planta.

Pemex promovió el recurso de revisión para impugnar el fallo de la magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del entonces Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, quien determinó no estudiar el amparo de la empresa productiva del Estado, al argumentar que el cambio de medida cautelar de prisión preventiva no afectaba los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales.

Por ello, el órgano jurisdiccional consideró que fue correctamente apreciado el acto por el tribunal de apelación, en el que estableció que la variación que hizo el juez de control de la medida cautelar imponiendo la prisión preventiva justificada a Lozoya Austin fue desacertada porque la Fiscalía General de la República (FGR) no justificó la variación de medida cautelar.

En enero de este año, el primer tribunal unitario en materia penal determinó procedente cambiar la medida cautelar de prisión preventiva al ex director de Pemex. La magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar resolvió un recurso presentado por la defensa de Lozoya Austin, por lo que hace exclusivamente a la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le dictó el juez José Artemio Zúñiga el pasado 10 de noviembre.

La impartidora de justicia consideró procedente que Lozoya Austin enfrentara en libertad su proceso por lo que hace al caso Agronitrogenados, en el cual se le acusa de haber recibido un soborno de más de 3 millones de dólares a cambio de impulsar y aprobar la compra de la empresa que era propiedad de Altos Hornos de México con un sobreprecio de 200 millones de dólares.