Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó graves violaciones a las garantías individuales cometidas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por la detención arbitraria de un hombre, quien fue torturado, en el año 2009 en Ensenada, Baja California.

Por estos hechos, en la Recomendación 77VG/2022 -dirigida al titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval- pidió la reparación integral del daño y que la dependencia federal colabore en la investigación realizada por la Fiscalía General de la República para determinar la responsabilidad de los servidores públicos involucrados en el caso.

En el documento, la CNDH expuso que en 2018 recibió un escrito de queja que refería que, el 5 de junio de 2009, elementos militares detuvieron a una persona mientras caminaba sobre el Boulevard Costero de Ensenada, quienes lo subieron a un vehículo oficial y le cubrieron el rostro con su propia camiseta. “Durante su traslado fue golpeado en varias ocasiones mientras le preguntaban sobre su identidad. Posteriormente, lo ingresaron a un cuarto en el que fue despojado de sus pertenencias, le tomaron fotografías, lo obligaron a firmar hojas en blanco y recibió descargas eléctricas en los testículos”, señaló.

Detalló que tras el análisis de varias pruebas acreditó violaciones graves a los derechos humanos a la integridad personal, al trato digno por actos de tortura y por retención ilegal de la víctima, ya que diferentes dictámenes concluyeron que presentaba secuelas sicológicas como pesadillas relacionadas al evento de tortura denunciado, tristeza, frustración y resentimiento hacia los elementos aprehensores, así como estrés postraumático, entre otras afectaciones.

La CNDH indicó que la Sedena argumentó que, tras recibir una denuncia anónima, elementos de esa instancia se trasladaron a la colonia Centro de Ensenada, donde se encontraba un hombre a bordo de una camioneta, al parecer armado, por lo que lo detuvieron, le informaron que sería trasladado y puesto a disposición de la autoridad competente. Sin embargo, se comprobó que la víctima fue objeto de maltrato físico y sicológico durante su detención arbitraria, privación de la libertad y puesta a disposición con dilación ante el Ministerio Público Federal, ya que esta se llevó a cabo casi 24 horas después de su aseguramiento.

En la recomendación, la Comisión Nacional también solicitó a la dependencia federal impartir un curso de capacitación en materia de derechos humanos enfocado en la prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dirigido en específico al personal de la 2ª Zona Militar en Tijuana, Baja California.