Buenos Aires. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada este martes a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras ser declarada culpable, sin pruebas, de causar defraudación al Estado por unos mil millones de dólares a través de la adjudicación irregular de 51 obras viales con fondos públicos, en la provincia sureña de Santa Cruz.

El fallo del Tribunal Oral Federal 2 culmina un juicio reabierto a pesar de que un proceso con los mismos cargos fue previamente fue cerrado por falta de pruebas y peritaje falso, y confirmó el vaticinio que en diciembre de 2019 hizo la propia Fernández de Kirchner: “la sentencia ya estaba escrita”.

Los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, todos ellos trasladados en forma irregular de un juzgado a otro, como miembros del llamado Partido Judicial o como el resto de los intervinientes nombrados ilegalmente por el ex presidente derechista Mauricio Macri, actuaron como se había previsto.

La dos veces presidenta (2007-2015) advirtió hace unas semanas que no estaba frente a un tribunal sino ante un “pelotón de fusilamiento”, y en un mensaje que divulgó ayer en sus redes sociales tras conocerse la sentencia dijo que la verdadera condena no es la prisión, sino la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Fernández de Kirchner, de 69 años, anunció que no se postulará a ningún cargo de elección popular al concluir su actual gestión.

Aseveró: “El poder económico y mediático controla en una suerte de Estado paralelo y coarta. Es un sistema disciplinador de la dirigencia política argentina. No a los que piensan como ellos, los de (la coalición opositora) Juntos por el Cambio. Hablo de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Me condenan porque condenan un modelo económico. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos".

En su mensaje, pronunciado desde su oficina del Senado, demolió uno por uno los argumentos del tribunal, que además no pudo mantener la acusación de ella era la jefa de una “asociación Ilícita”.

Fernández de Kirchner denunció la existencia de un “Estado paralelo y una mafia judicial”, y añadió que el periodismo es "fundamental en el lawfare" e indicó que "la complicidad de los medios" es necesaria para "hacer condenas" que no tienen sustento, al aludir al Grupo Clarín.

Sostuvo que cuando era presidenta no tenía “manejo de las leyes que son aprobadas” por el Legislativo y remarcó que “el presidente de la república tampoco administra ni ejecuta el presupuesto".

Destacó que Página/12 fue “el único medio” que informó sobre el reciente viaje de funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fiscales, jueces y ex agente de la Agencia Federal de Inteligencia, además de directivos del diario Clarín a la provincia sureña de Río Negro.

“Qué hacen cuatro jueces federales con funcionarios y ministros del gobierno de la ciudad. Ya era muy horrible, pero faltaban muchas más cosas”, dijo Fernández de Kirchner al referirse a la publicación de los chats de este grupo, y especialmente del juez Julián Ercolini, que fue quien inició la causa de Vialidad, por la que ahora fue condenada.

Ellos y otros miembros conformaron el llamado Grupo Telegram el 17 de octubre pasado. Viajaron a Bariloche en un avión privado para llegar a la mansión del millonario británico Joe Lewis.

Se refirió al atentado contra ella, el pasado 1 de septiembre y señaló que posiblemente no la puedan encarcelar porque a alguien se le puede ocurrir matarla antes. "Presa o muerta me quieren", afirmó.

Las reacciones

“Hoy, en Argentina, ha sido condenada una persona inocente. Alguien a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y perseguido a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana”, tuiteó el presidente Alberto Fernández.

La presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que "parece que estos criminales quieren que se muera de un infarto, de tantos disgustos que le están dando, o vaya a parar a la cárcel”.

Antes de conocerse el fallo, el ex juez español Baltasar Garzón en una carta dirigida a los jueces a cargo de la causa, resaltó que “la persecución política en una democracia por medio de la misma causa política es rechazable, pero hasta cierto punto comprensible, pero la persecución política a través del derecho (lawfare) es el mecanismo más perverso y destructor de aquella. Ustedes jueces son y serán los únicos responsables de que esto acontezca o in extremis, pueda evitarse y comenzar una nueva regeneración democrática de la justicia”, publicó Página/12.

La reacción a la sentencia no fue sólo local sino que comenzaron a llegar mensajes desde el exterior en solidaridad con la vicepresidenta, entre ellos los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de Bolivia, Luis Arce, de Honduras Xiomara Castro, así como los ex mandatarios boliviano Evo Morales y la brasileña Dilma Rousseff.

Organizaciones sociales y políticas marcharon desde distintos lugares hasta los tribunales de la calle Comodoro Py, bajo casi 40 grados de temperatura, para escuchar y condenar la sentencia, advirtiendo que se trata de un golpe a la democracia, y una amenaza para todo el pueblo argentino.

Miles más rodearon el Congreso esperando escuchar la voz de Fernández de Kirchner, la dirigente política más importante del país e los últimos 20 años.

Todos los ministros y gobernadores, además del Partido Justicialista, enviaron comunicados de apoyo a Fernández de Kirchner y comenzaron a preparar actos para luchar contra la “dictadura judicial”, y por una reforma de una justicia cooptada por un sector por la derecha, y el neofascismo y por la injerencia de Estados Unidos, que se refleja en la actitud de la embajada aquí.

Desde el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel hasta la Secretaría de Derechos Humanos, que consideró que el fallo es "la concreción máxima del lawfare en nuestro país", el repudio es generalizado. Los manifestante hablan de una dictadura judicial, que remplaza a las dictaduras cuyos resultados son conocidos en este país, donde 30 mil personas fueron desaparecidas.

Se trata de la primera ocasión en que un vicepresidente en funciones es condenado, pero Fernández de Kirchner no irá a prisión hasta que la sentencia esté en firme de la Corte Suprema, un proceso que puede demorar años, e incluso llegar a instancias internacionales.

El tribunal además dictó sentencias, también sin que se hayan acreditado las acusaciones, contra el empresario Lázaro Baéz, a seis años de cárcel, lo mismo que el ex secretario de Obras Públicas, José López, ambos ya en prisión por otros procesos por corrupción, que también fueron irregulares. Tres de los 13 acusados fueron absueltos. Otro acusados fueron condenados a entre cuatro y cinco años de prisión.