Esto hace necesaria una revisión de la situación del país en materia de alimentación en general, y no sólo en relación con el maíz, pues es indudable que el sistema alimentario mexicano en su conjunto se modificó fuertemente a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, 1994). En un amplio texto de 2018 que puede consultarse en la red: La obesidad en México. Estudio de la política pública y recomendaciones para su prevención y control, publicado por la UNAM y por el Instituto de Salud Pública, se afirma que a partir de 1999 se observó el crecimiento de la obesidad en México. Para 2016, la prevalencia de obesidad en adultos era de más de 70 por ciento de la población. Se vincula este preocupante aumento con un crecimiento de la producción de alimentos ultraprocesados, con su comercialización en cadenas de supermercados y tiendas como Walmart y Oxxo, y con una mayor demanda de estos productos asociada a una agresiva publicidad.

El estudio mencionado se refiere también a la relación entre este modelo y la agricultura industrial, y además, a los impactos negativos que ésta ha tenido en el medio ambiente, como lo demuestran varias investigaciones publicadas por instancias internacionales.

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Salud de 2012 mostraba un consumo insuficiente de frutas, verduras, leguminosas, agua simple y leche materna –se puso de moda la lactancia con leches industrializadas–, frente a un consumo excesivo de azúcares añadidos, carnes procesadas y, sobre todo, bebidas azucaradas y alimentos con alta densidad energética y baja densidad nutrimental. Este consumo de bebidas azucaradas en detrimento del consumo de agua, frutas y verduras, se asoció a su vez con un menor consumo de vitaminas y minerales, lo que no sólo favorece la presencia de obesidad, sino también la de desnutrición por deficiencia de micronutrientes, con lo que ocasiona una doble carga de mala nutrición.

El TLCAN mostró sus nocivos efectos durante la pandemia de covid-19, que cobró un mayor número de víctimas en el grupo de infectados que tenían enfermedades previas como obesidad, sobrepeso, diabetes e hipertensión, todas ellas relacionadas entre sí.

La preocupación del gobierno mexicano de proteger la salud de la población es, pues, legítima, y en esta dirección va la decisión de prohibir el uso del glifosato y la importación de maíz amarillo transgénico, mismo que, por cierto, también rechazan los consumidores del país vecino.

No es casual que en Estados Unidos, país que exportó a México este modelo industrial de alimentación, la pandemia haya evidenciado también severos problemas de obesidad y enfermedades asociadas. Por ello el secretario de Agricultura (USDA), Tom Vilsack, ha planteado programas de emergencia para la seguridad nutricional de los estadunidenses. En sus palabras la pandemia de covid-19 puso la inseguridad alimentaria al frente de la conversación nacional y arrojó una nueva luz sobre el número devastador de enfermedades crónicas relacionadas con la dieta, con un estimado de dos tercios de las hospitalizaciones por covid en Estados Unidos. Y más adelante señala que en todo el departamento reconocemos que la alimentación y la salud están inherentemente entrelazadas, y nos estamos apoyando en nuestras poderosas herramientas para ayudar a reducir las enfermedades crónicas, avanzar en la equidad y promover el bienestar general (https://www.usda.gov/media/press-releases/2022/03/17/usda-announces-actions-nutrition-security).

Su preocupación en relación con la calidad de la alimentación no es para menos; por ejemplo, en ese país que dedica buena parte de su presupuesto a la guerra, 30 por ciento de sus jóvenes entre 17 y 24 años son rechazados para ingresar al ejército, pues padecen obesidad. Así, el tema de la alimentación se ha convertido en un asunto de seguridad nacional.

Este conjunto de datos nos lleva a una conclusión contundente: la agricultura industrial asociada con la industria de los productos ultraprocesados ha enfermado al planeta y a sus habitantes. Es, pues, indispensable cambiar este modelo perverso, por uno en el que prevalezca la defensa del ambiente y la salud de las personas.

Si el gobierno de Estados Unidos está en vías de transformar su sistema alimentario, ¿con qué derecho podrá objetar que en México se pretenda hacer lo mismo?

Por encima de los tratados comerciales, nuestra prioridad debe ser el derecho a la salud de la población mexicana; con esto debemos comprometernos todos.

(Agradezco a Yo soy maíz su ­información.)