Ciudad de México. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación definió como fecha para reunión de trabajo con el director de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Leonel Cota Montaño, el 14 de diciembre, para explicar los casos de corrupción en esa empresa.

El funcionario se reunió hace un mes en privado con diputados de Morena y ayer el presidente de la comisión, Pablo Angulo Briceño (PRI), indicó que deberá acudir a esa instancia legislativa “en un diálogo importante de rendición de cuentas, donde lo más importante, que quede claro, es esclarecer todos los actos de corrupción”, que se calculan en 9 mil millones de pesos.

También explicó que el fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, deberá comparecer ante dicha comisión, para explicar el presunto fraude con la adquisición de un equipo de espionaje durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Dijo que está pendiente de resolverse el amparo que interpuso Sales Heredia, para negarse a comparecer ante comisiones de la cámara. “En cuanto el juez determine el fondo del amparo, la comisión solicitará la comparecencia”, dijo en entrevista.

Asimismo, Angulo Briceño consideró que, si en vísperas de la votación de la iniciativa de reforma constitucional enviada por el Presidente, se reabre el proceso de desafuero contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, “claramente se trataría de una persecución política y el partido y el grupo parlamentario del PRI estamos listos para ejercer nuestros derechos políticos. Él tiene grandes abogados y sin lugar a dudas, está listo para cualquier tipo de defensa”.

El legislador recordó que el juicio de procedencia es una determinación política de la Sección Instructora, donde sus integrantes determinan si están o no de acuerdo en le retiro del fuero y no juzgan sobre la presunta responsabilidad.

Angulo Briceño reiteró que la postura del tricolor es votar en contra de la reforma y dijo que, si bien hay temas que se pueden modificar en la estructura electoral, “no se trata de obligar a los diputados a votar, esos son síntomas de un régimen autoritario. Solo en las dictaduras del siglo pasado se veían ese tipo de actitudes. Hoy la justicia no se puede politizar”.

Cuestionó que Alito, “como ningún otro dirigente opositor, ha sufrido un espionaje por parte del gobierno como nunca antes en la historia se había visto, pero a pesar de la difamación al PRI y a él, no nos doblamos, no nos agachamos ni nos echamos para atrás”.