Ciudad Juárez. El ex gobernador panista del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, es investigado por violaciones a la ley de testigos al dar a conocer de manera pública los nombres de testigos protegidos, informó el Fiscal General, Roberto Fierro Duarte.

Expresó el funcionario esta mañana que “Todo es objeto de investigación, la verdad me voy a reservar, pero hay una ley de protección a testigos que se debe respetar”.

Esto luego que el ex gobernador publicó información en la que habla de las acciones que tomó para combatir la corrupción en su quinquenio de gobierno, y en la que señala a la gobernadora María Eugenia Campos Galván como partícipe de algunos de esos delitos, como formar parte de la “nómina secreta”.

Entre los nombres de testigos protegidos que trabajaron en el gobierno de César Duarte Jáquez, hoy detenido por una demanda de Corral Jurado, mencionó a Ever Eduardo Aguilar, José Jaime Bustamante Pérez, Jesús Olivas Arzate y Miguel Ángel Mezquitic Aguirre que trabajaron en la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua.

Además la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Myriam Hernández, también informó que recaba documentación para interponer una denuncia contra Corral Jurado, aunque no se indicó qué tipo de denuncia ni ante qué instancia.

Por su parte el secretario general de Gobierno, César Jauregui Moreno, dijo que durante la administración de Javier Corral Jurado se invocó una ley que no existía para llevar a cabo una serie de procedimientos administrativos en contra de varios funcionarios estatales y es por ello es que los procesos administrativos prescribieron.

“Muchos procesos administrativos que llevaba la administración anterior prescribieron por aquella falla de invocar una ley que no existía para llevar a cabo una serie de procedimientos administrativos en contra de funcionarios que habían cometido supuestamente irregularidades, entonces, muchos de estos procedimientos le prescribieron a la anterior administración y únicamente hoy se está tomando el acuerdo relativo a un hecho, por parte de esta administración, pero no tiene absolutamente ninguna relevancia con respecto a las causas penales que se siguen en contra de ex funcionarios”.

Aseguró que los procesos administrativos a veces pueden llegan a tener relación con la causa penal, pero estos corren en vías total y absolutamente diferentes, así que no tienen absoluta relevancia con respecto a que si un proceso administrativo prescribió o se tuvo que archivar con respecto a las denuncias penales que obran en contra.

“Las prescripciones se dieron en la época del gobierno que persiguió a esas personas, ni siquiera prescribieron en esta administración, y esta administración no cometió el error de seguir procedimientos administrativos con una ley inexistente”, aseguró César Jauregui, quien concluyó que se debería analizar si no hubo en esa administración algo que trataba de beneficiar a estas personas, pero no es nada que sea imputable a esta administración.