Ciudad de México. Tras recibir 500 quejas de 672 personas privadas de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 14, en Gómez Palacio, Durango, en las que denunciaron tortura, tratos crueles e inhumanos, así como agresiones con gases lacrimógenos por parte guardias de seguridad y custodia del penal y elementos de la Guardia Nacional (GN), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que en una revisión a la población penitenciaria realizada el primero de julio de 2021, hubo un desproporcional y excesivo uso de la fuerza e inobservancia a los protocolos.

“Se acreditó la tortura por las lesiones infringidas a las personas privadas de la libertad, además de la tortura sexual a la que se les sometió al obligarles a desnudarse e incluso a hacer sentadillas en esas condiciones. Además, se comprobó la negación al derecho a la salud, a la alimentación, al agua y a los medicamentos. Hubo represalias, como suspender las actividades deportivas, el trabajo en talleres y la incomunicación con sus familiares y abogados, con lo que se violó su derecho a la información”, expuso la CNDH.

Por estos hechos emitió la Recomendación 75 VG/2022 al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la SSPC, Antonio Hazael Ruiz Ortega, y al comandante de la GN, Luis Rodríguez Bucio, por violaciones graves a los derechos humanos, al trato digno, a la integridad y seguridad personal por tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como tortura, a la inserción social, la seguridad jurídica y la legalidad, en correlación al derecho al acceso a la justicia y a la verdad, y a la información de sus familiares, en agravio de 672 presos.

En las quejas presentadas ante la CNDH, los reclusos denunciaron que guardias de seguridad y custodia del penal y elementos de la GN llevaron a cabo una revisión, en la que agredieron física y verbalmente a las personas privadas de su libertad. Incluso, “los atacaron con gases lacrimógenos, además de desnudarlos, despojarlos de sus colchonetas, cobijas, medicamentos, artículos personales, material para artesanía, documentación jurídica de sus procesos y dejarlos incomunicados, sin recibir visitas ni llamadas telefónicas”.

Asimismo, se les restringieron alimentos, agua potable, no les permitieron bañarse durante seis días y algunos dejaron de recibir atención médica, “además de ser sujetos de tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

La CNDH indicó que el operativo de revisión se llevó a cabo luego de que el 30 de junio de 2021, algunos internos del módulo 1 pretendieron ingresar a otros módulos con armas punzocortantes para agredir a un grupo antagónico.

En la recomendación, el organismo subrayó que si bien, el comportamiento de algunos internos no se ajustó a lo que establece el reglamento del centro penitenciario y que se les decomisaron objetos punzocortantes y sustancias prohibidas, “ello habla de la falta de supervisión y la inadecuada inspección de personas y estancias”.

Agregó que durante las investigaciones se obstaculizó la disponibilidad de las cámaras de videovigilancia.

“Hay responsabilidad de, al menos, 12 personas servidoras públicas que incurrieron en diversas omisiones y no cumplieron con su deber de salvaguardar la integridad física de los internos, además de permitir las agresiones y malos tratos a los reclusos”, señaló.

Ante todo ello, pidió al comisionado del OADPRS se proceda a la inmediata reparación del daño, así como coadyuvar en la integración de la carpeta de investigación que está abierta en contra de nueve personas servidoras públicas del penal y dar seguimiento al expediente administrativo que está en trámite en el Órgano Interno de Control, donde se investiga a 10 servidores públicos.

Asimismo, señaló que en un plazo no mayor a tres meses, se debe culminar la entrega de pertenencias a las personas privadas de la libertad que, entre otros objetos, se compone de lentes, aditamentos ortopédicos y documentos jurídicos retirados. También deberán elaborar un Protocolo de Intervención para Mantener el Orden, Seguridad y Buen Gobierno en el penal e impartir un curso de capacitación.

Al comandante de la Guardia Nacional también se le solicita colaborar ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia administrativa que la CNDH presente en contra de dos personas.