Los relatores especiales de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor; sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, y sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Cali Tzay, expresaron su “profunda” preocupación por el asesinato de los sacerdotes jesuitas Joaquín César Mora Salazar y Javier Campos Morales, el 20 de junio pasado en Cerocahui, Chihuahua, al tiempo que pidieron al Estado mexicano respuestas sobre el avance de las investigaciones para este caso.

Instaron al gobierno federal a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a quien resulte responsable del crimen. Asimismo, exhortaron a que se tomen acciones efectivas para evitar que tales hechos se repitan.

En una misiva, fechada el 22 de julio pasado pero que fue dada a conocer hoy por la Compañía de Jesús, manifestaron su “temor” por que el asesinato de los prelados “haya estado directamente relacionado con su labor en defensa de los derechos humanos”.

Solicitaron que se proporcione información detallada sobre el estado actual de cualquier investigación realizada para identificar a los autores del asesinato de Mora Salazar y Campos Morales, incluyendo cualquier dato respecto a la posible relación entre este crimen y su trabajo en favor de los derechos humanos.

Los relatores especiales igualmente pidieron al Estado información sobre las medidas que se han tomado para mantener a las familias de las víctimas informadas en cuanto al progreso de la investigación, y explicar si dicha indagatoria se ha realizado o se está llevando a cabo de conformidad con las normas internacionales pertinentes, en particular el Protocolo de Minnesota sobra la investigación de muertes potencialmente ilícitas.

En su respuesta, de septiembre pasado, el Estado mexicano informó que se abrió la carpeta de investigación 65/2022/19, iniciada por el delito de homicidio calificado, y se logró obtener medios de prueba que sirvieron para solicitar la orden de aprehensión de José Noriel Portillo Gil, El Chueco, presunto autor material del asesinato, “por la cual fue solicitado a las autoridades locales y federales un operativo de búsqueda de los agresores, mismo que continúa a la fecha”.

Asimismo, la Fiscalía General de Justicia del estado de Chihuahua informó que, al revisar los registros de los sistemas con los que cuenta, no se localizaron denuncias y/o querellas previas por amenazas en contra de los sacerdotes jesuitas.

Igualmente la autoridad detalló que se han realizado diversas periciales como necropsia, criminalística de campo, seriado fotográfico; declaración de testigos, todos con identidad reservada, de los cuales se desprendió el señalamiento de los imputados.