Las Fuerzas Armadas podrán seguir actuando en apoyo a las policías civiles en tareas de seguridad pública, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional promovida por diputados de oposición, en contra del acuerdo presidencial de mayo de 2020, que permitió el despliegue del Ejército y la Marina en estas labores “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional”.

La ministra ponente, Margarita Ríos Farjat, pidió a los ministros no politizar el tema, señaló que el nivel de criminalidad que vive el país es agobiante y que eso es lo que tomó en cuenta el constituyente permanente para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en apoyo a las fuerzas policíacas civiles.

Subrayó que el acuerdo presidencial tiene su base legal en el artículo quinto transitorio de la Ley de la Guardia Nacional, cuyo texto transcribe casi en su integridad el acuerdo presidencial impugnado, por lo cual no hay razón para que el Poder Legislativo impugne lo que ya había avalado.

“Además, este instrumento normativo permite que las tareas desplegadas por los elementos castrenses en labores de seguridad pública se desarrollen en un estado de legalidad y no de hecho, lo cual constituye un avance en la intervención ordenada y efectiva de las fuerzas armadas dentro de este ámbito de acuerdo con lo previsto en la disposición constitucional transitoria a la que me he referido”, añadió.

El proyecto de Ríos obtuvo ocho votos totalmente a favor, uno parcialmente a favor -del ministro Alberto Pérez Dayán, y dos totalmente en contra.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa apoyó la propuesta al señalar que la ciudadanía demanda paz, seguridad y justicia, y que para ello es indispensable la participación de las Fuerzas Armadas, cuya intervención en temas de seguridad pública está autorizada en la Constitución, en caso extraordinarios.

En contra del proyecto, el ministro Luis María Aguilar Morales señaló que el acuerdo presidencial impugnado no motivó legalmente la autorización a las Fuerzas Armadas, que debe ser extraordinaria y excepcional, por lo que no se satisface el requisito de regulación.

La propuesta de la ministra Ríos obtuvo el apoyo de los ministros Loretta Ortiz Alhf, Javier Laynez Potisek, Yasmín Esquivel Mossa, Mario Pardo Rebolledo, Norma Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar.

El voto del ministro Pérez fue en lo general a favor, pero por la invalidez de algunos puntos del acuerdo.

En contra votaron los ministros Luis María Aguilar Morales y Juan Luis González Alcántara Carrancá.