Ciudad de México. Por primera vez, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un dictamen contra el Estado mexicano por desaparición forzada, en esta ocasión por el caso de Ivette Melissa Flores Román, quien desapareció el 24 de octubre de 2012 en Iguala, Guerrero.

El Comité resolvió que el Estado no investigó los hechos como actos de violencia por razón de género, además de que detectó la existencia de estereotipos en la manera en la cual se abordó la indagatoria y la ausencia de normas del derecho penal que garanticen la investigación de los delitos del crimen organizado con perspectiva de género, así como otras fallas sistemáticas, informó la organización Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, que acompaña a la familia de la víctima.

Este caso, es además el quinto sobre desaparición que resuelve un órgano de vigilancia de tratados de la ONU, y el primero en el que la víctima desaparecida es una mujer, “lo cual lo hace representativo de la situación en la que están sometidas las mujeres en México”, aseveró Jesús Peña, representante adjunto de la Oficina en el país del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

En conferencia de prensa, Isabel Suárez, abogada de Idheas, expuso que Ivette Melissa fue sustraída de su domicilio “por un grupo de encapuchados armados”, y que en este caso “el contexto social de inseguridad en el estado de Guerrero y la violencia extrema fueron los dos elementos claves para que dicho crimen sucediera”.

Tras la denuncia de su madre Sandra Luz Román, dijo, “las autoridades no ordenaron ninguna acción de búsqueda inmediata ni se activó ningún mecanismo”; asimismo, aunque la joven sufrió violencia familiar por parte de su ex pareja y ex suegro, “dicho contexto no fue considerado”.

. Suárez indicó que fue hasta el año 2016, que el ministerio público de Iguala recabó la declaración de Sandra Luz y solicitó el ingreso a la base de datos de la víctima como una persona no localizada. Ahora, “10 años después fue llamada para ampliar dicha declaración”, mencionó.

Por otra parte, agregó, el 14 de marzo de 2014 la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas emitió un acuerdo de incompetencia, bajo el argumento de que los hechos investigados no podrían considerarse como violencia contra la mujer “por la falta de elementos probatorios”. Asimismo, dijo, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada “nunca citó a declarar al principal responsable”.

Indicó que el Comité Cedaw consideró que el expediente revela información que sugería que las personas vinculadas a organizaciones criminales se beneficiaron de la autorización, el apoyo y las omisiones del Estado respecto de la desaparición de Ivette Melissa. Asimismo, reconoció el patrón que existe de las desapariciones de mujeres en Guerrero y la impunidad que prevalece.

Reiteró que las desapariciones de las mujeres “son una de las manifestaciones más brutales de violencia dirigidas contra la mujer por ser mujer”.

Sandra Luz mencionó que “cuando se llevaron a su hija, también se llevaron a otras 17 mujeres”, y aun con esa cifra, “Guerrero no hizo nada por ellas”. Indicó que el día de la desaparición, familiares se presentaron en el 27 Batallón de Infantería y ante la policía estatal y municipal, pero no les dieron apoyo.

Resaltó que no ha dejado de buscar a su hija a pesar de que ha sido amedrentada en diferentes ocasiones. “Me he metido en lugares donde no debo tal vez, pero es mi hija y ¿quién va a buscarla sino soy yo?”, por eso pidió seguridad suficiente. “Mi vida se la ofrezco a todas las víctimas indirectas que buscan a sus desaparecidos. A mí no me importa morir, para eso nací, y estoy aquí para apoyarlas”, dijo.

Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas, señaló que en el caso de Melissa, a pesar de que el responsable de la desaparición le dijo a su madre “que la tenía en sus manos y que la había entregado a un cartel”, la fiscalía no llamó a declarar a esa persona que actualmente ya falleció.

“Nosotros hemos insistido que cuando la delincuencia organizada está involucrada, la búsqueda también requiere agotar perspectiva de género, porque muchas de las jóvenes que están involucradas en lugares donde hay conflicto, simplemente son tomadas para ejercer violencia sobre sus cuerpos y vidas”, mencionó.

En el dictamen de la Cedaw, se recomienda al Estado mexicano la búsqueda e investigación con perspectiva de género, la protección de la madre de la víctima, la reparación integral y garantías de no repetición.