Buenos Aires. “Estoy ante un pelotón de fusilamiento”, fue la frase con que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, definió las ilegalidades de solicitud para condenarla a 12 años de prisión e inhabilitarla de por vida, anunciada el pasado 22 de agosto por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Las acusaciones en su contra fueron ampliamente respondidas por los abogados de la defensa que derrumbaron las falsedades del alegato final de la fiscalía, con pruebas, documentos y testimonios, con que dio por finalizado el juicio por presunta corrupción en el manejo de recursos de obras públicas en la causa conocuda como “las obras de Vialidad”, efectuado en la provincia de Santa Cruz, y que fue reabierto en mayo de 2019 agregándose acusaciones sin pruebas, ni siquiera sin atenerse a la pericias realizadas.

En lo que serían las últimas palabras de los acusados en este proceso, último paso antes de la que se conozca la sentencia en una semana, la ex presidenta, el ex ministro de Producción Julio de Vido, otros ex funcionarios y empresarios, testimoniaron que la construcción de las obras necesarias estaban terminadas, y defendieron que, por razones de economía, estas tareas fueran ejecutadas por el empresario Lázaro Baez, radicado en Santa Cruz, con lo que los precios eran más bajos al decidir las licitaciones.

“Como dije el 2 de septiembre de 2019 al comienzo de este juicio que la sentencia está escrita. Lo que no sabía es que estaba tan mal escrita y que la acusación fue una serie de mentiras, e incluso de hechos que no existieron”, argumentó la vicepresidenta.

Consideró que no estaba ante un tribunal sino ante “un pelotón de fusilamiento” y que se la juzga en la causa Vialidad, en que fue acusada de encabezar una asociación ilícita, y, a su vez, acusó a los representantes del Ministerio Público de haber “inventado hechos, ocultar otros, tergiversar y mentir”, lo que generó condiciones para que se concretara el atentado que sugrió el pasado 1° de septiembre.

Durante 20 minutos, tiempo que se les daba a los acusados para expresar “las últimas palabras”, Fernández de Kirchner se refirió desde su despacho del Senado vía remota a los fiscales “que se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar no conforme a derecho, sino cual editorial de Clarín o La Nación”.

“Merecerían ser los periodistas estrella de estos medios porque fue increíble el desapego a las formas y al fondo de la cuestión”, con que se refirieron a la causa, destacando que se habían “inventado hechos, se ocultaron otros, tergiversaron y mintieron (…) y así el 1° de septiembre una persona intentó matarme y el tiro no salió”, señaló.

Acusó al sector del Poder Judicial de los tribunales de Comodoro Py de centrarse en las causas que la tienen como miembro de una supuesta agrupación ilícita, pero no en aquellas en que ella resulta víctima de una asociación ilícita organizada para asesinarla.

“Tal vez, en Comodoro Py no se considere que mi muerte, mi asesinato, puede ser un acto de conmoción pública… ¿En serio creen que en nuestro gobierno cometieron un fraude en contra de la administración pública? Mi gobierno que entregó un país desendeudado”, recordó para señalar que quienes trajeron al Fondo Monetario Internacional y 45 mil millones de dólares “que no sabemos dónde están, esos no tienen ningún problema; están en Qatar mirando el Mundial”, en referencia a la presencia del ex presidente Mauricio Macri.

Reiteró que “este pelotón de fusilamiento tuvo por objeto estigmatizar a un espacio político y fundamentalmente a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio”.

También se refirió a los extraordinarios alegatos de los abogados defensores de los acusados, que aportaron pruebas y testimonios suficientes como para comparar con las acusaciones y pruebas falsas. Los fiscales “no pudieron replicar ni desmentir” los argumentos presentados por el abogado Carlos Beraldi en su alegato, donde desarmó una a una las afirmaciones de la acusación.

Consideró que “el partido judicial” representado por un sector del Poder Judicial “vino a suplantar al partido militar” que “condiciona y obtura” la democracia e intenta “estigmatizar y disciplinar a los dirigentes”.

Ante el escaso tiempo de exposición, compartió en redes sociales un documento donde desmiente los 20 argumentos principales de los fiscales en su contra, con textos suficientemente claros y precisos, que en cualquier organización de Justicia consideraría como un escándalo jurídico.

Uno de los más reconocidos periodistas, Víctor Hugo Morales, perseguido por los directivos del diario Clarín, especialmente por el gerente Héctor Magnetto, comparó lo sucedido con esta causa y la condena a muerte en Estados Unidos de Nicola Sacco y Bartolemo Vanzetti, dos migrantes italianos que en 1927 fueron condenados a la silla eléctrica por los medios de comunicación de un doble homicidio.

“Sacco y Vanzetti fueron víctimas de una injusticia atroz. Y es lo que va a ocurrir ahora. Un pelotón de fusilamiento convertido en silla eléctrica. Eran inocentes. No tenían nada que ver pero había un sistema que para funcionar contra los inmigrantes, contra los trabajadores, tenía que condenar a alguien(…) Ahora el sistema en Argentina tiene necesidad de matar, como lo intentaron, o de encarcelar a Cristina Kirchner”.

El próximo martes 6 de diciembre, el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer la sentencia del juicio que investiga la obra pública en Santa Cruz.

El analista Raúl Kollman, del diario Página/12, se mostró preocupado por los rumores sobre una oposición que tratará de provocar un estallido social. Algunos opositores expresaron que la derechista Alianza para el cambio no quiere que gane la selección argentina en el Mundial de Fútbol de Qatar porque alegraría a los argentinos y no es lo que ellos necesitan ahora.