Guanajuato, Gto. El pleno del Congreso de Guanajuato recibió la solicitud del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para contratar una nueva deuda pública por dos mil 900 millones de pesos, la cual fue turnada a la Comisión de Hacienda para su análisis y dictaminación.
En su exposición de motivos, el mandatario aseguró que el monto es para continuar con un crecimiento sostenible, detonar la atracción de inversiones y generar empleo, “lo cual se realizará buscando obtener las mejores condiciones de mercado”.
Agrega que el financiamiento permitirá consolidar los esfuerzos de la administración (2018-2024), sosteniendo el compromiso de diversificar la economía con la atracción de capitales.
Desde hace 10 años, las finanzas del estado son evaluadas por las agencias Fitch Rating, Moody’s y S&P Global Ratings, con calificaciones nacionales de AAA, AA+mx y mxAA+, destacó.
“En materia de deuda pública, el gobierno del estado es reconocido por tener una prudente planeación y administración responsable de la misma”, sostiene.
El estado invertirá 100 millones de pesos en el programa de infraestructura y equipamiento educativo, 400 millones en infraestructura social, mil 825 millones en infraestructura de conectividad terrestre y movilidad, 50 millones en salud, y 525 millones en seguridad y procuración de justicia, detalla el documento.
“En relación del saldo de la deuda directa, respecto a la principal fuente de pago de los créditos, que son las participaciones federales, para Guanajuato, este representa el 27 por ciento, mientras que el promedio nacional está en 74 por cientos”, refiere Rodríguez Vallejo en el documento entregado al Congreso.
En enero del 2020, los diputados aprobaron a Diego Sinhue una deuda de cinco mil 350 millones de pesos, que se sumó a la de cuatro mil 500 millones que dejó el exgobernador, Miguel Márquez Márquez.
En caso de aprobarse el nuevo empréstito, la deuda pública estatal ascenderá a los 12 mil 750 millones de pesos.
En la misma sesión fueron recibidas las iniciativas de Ley de Ingresos, de Ley de Egresos, una reforma al Código Fiscal sobre los impuestos ecológicos, a la Ley de Hacienda en materia del impuesto por servicios de hospedaje; así como una modificación a la Ley de Bebidas Alcohólicas sobre requisitos para obtener una licencia.
