Bogotá. Un grupo de exrehenes de las FARC, la extinta guerrilla que se desmovilizó en Colombia, rechazó este lunes las penas alternativas a la cárcel que impondrá el tribunal de paz a los jefes de la organización.

"Las víctimas nos sentimos desilusionadas, por lo que decidimos hacernos a un lado. En la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) no vamos a encontrar justicia", indicó en un comunicado la Fundación Defensa de Inocentes, que representa a los familiares de algunos de los 12 diputados secuestrados en abril de 2002. Once de ellos fueron ejecutados por guerrilleros en 2007.

Surgida del acuerdo de paz que desarmó a la entonces FARC en 2017, la JEP podría dictar penas de ocho años "de restricción no carcelaria de libertades y derechos" para seis dirigentes del hoy partido de izquierda, según anticipó el viernes una de las salas que conforman el sistema judicial que investiga los delitos atroces cometidos durante el conflicto.

Sin embargo, los magistrados todavía no han anunciado las sanciones definitivas. El acuerdo de paz excluyó la cárcel como castigo para los antiguos rebeldes que confiesen y pidan perdón por sus crímenes, a cambio deberán cumplir "labores que contribuyan a la reparación de las víctimas".

La colombo-francesa Íngrid Betancourt, quien estuvo seis años en poder de la guerrilla antes de ser rescatada por los militares en 2008, anunció que apelará el eventual fallo y no descartó acudir a instancias internacionales.

"Se trata más de unas sanciones simbólicas que de una verdadera restauración a las víctimas", indicó en un comunicado la excandidata presidencial.

Asimismo, el general retirado Luis Mendieta, rehén por casi 12 años, aseguró en W Radio que la exguerrilla "no ha cumplido con la verdad" y "no hay ningún interés de la JEP en aplicar justicia".

Entretanto Rodrigo Londoño, el último comandante de las FARC conocido como Timochenko, reaccionó ante los reclamos reafirmando su "compromiso irrestricto e inquebrantable" ante las víctimas.

"Hemos reconocido el secuestro como un hecho que nunca debió ocurrir en el conflicto armado interno colombiano y que generó un profundo dolor a las víctimas y sus familias", dijo este lunes en un comunicado firmado por otros excomandantes.

La JEP imputó a la cúpula de las FARC por crímenes de lesa humanidad relacionados con más de 21.000 secuestros y torturas cometidas entre 1990 y 2016.

Los magistrados también han imputado a mandos del ejército por la ejecución de civiles que fueron presentados como rebeldes caídos en combate.