Morelia, Mich. Las autoridades del Colegio de Bachilleres de Michoacán (Cobaem) presentaron tres denuncias penales en contra de quien resulte responsable por el delito de desvío de recursos —174 millones de pesos aproximadamente—, informó la directora de esta institución educativa, Teresa Mora Covarrubias.

En conferencia de prensa, subrayó que el Cobaem cuenta con 129 planteles donde reciben clases 44 mil 660 alumnos, y por una serie de irregularidades cometidas en años anteriores “se ha provocado un grave déficit, que tiene a la institución en un momento de colapso, ya que existe una deuda acumulada de mil 309 millones de pesos.

La directora del Cobaem afirmó que después de asumir el cargo a finales de 2021, se detectó que los recursos financieros destinados originalmente para el pago de ISSSTE, Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fueron desviados al pago de prestaciones.

Mora Covarrubias sostuvo que la deuda acumulada se debe en gran medida porque se realizaron entre 2017 y 2021 “convenios ilógicos” que solo beneficiaron a unos 300 “privilegiados cercanos al sindicato”; por ejemplo, en 2017 se acumuló una deuda de 74 millones de pesos, al año siguiente fue de 85 millones; en 2020 fue de 220 millones y 2021 se elevó a 622 millones. Este año suman 210 millones, para hacer un total de mil 309 millones de pesos.

El anterior director general del Cobaem, Gaspar Romero Campos, había sido líder sindical y fue en la administración de Silvano Aureoles que pasó a director y, por ende, el negociador con el líder del sindicato que acababa de dejar.

Son tres mil 772 trabajadores, y reciben 46 prestaciones, pero la mayoría recibe salarios entre seis mil 500 y nueve mil pesos; mientras una cúpula sindical y parte de su familia y recomendados —más de 400— reciben entre 40 mil y 73 mil pesos mensuales, que representa el 12 por ciento de todo el presupuesto que recibe en un año el Cobaem.

Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dijo que llevarán a cabo una serie de ajustes que permitan incrementar salarios a la mayoría de los trabajadores que menos ganan, y reducir el número de prestaciones que no están previstas en el presupuesto que se otorga a la institución, porque, además, el gobierno federal aporta solo el 35 por ciento de las prestaciones reconocidas, y no incluye muchas que fueron aprobadas en los últimos años, pues es la única salida viable para finiquitar, en los próximos años, la deuda acumulada.