Chihuahua, Chih. Aurelio Coronado, especialista del Consejo Certificador en Psicología Forense de México, y Michele Heisler, de Médicos por los Derechos Humanos de Estados Unidos (PHR por sus siglas en inglés), además de ex ministerios públicos de la Fiscalía de Chihuahua, testificarán a favor del ex fiscal para Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada, Francisco G. A., en la audiencia de vinculación a proceso penal en su contra por el delito de tortura, que inició este sábado.

Francisco G. A. fue el coordinador de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía estatal, a cargo del caso “Operación Justicia para Chihuahua” o “Expedientes X”, que fue la estrategia jurídica del ex gobernador panista Javier Corral Jurado para investigar la red de corrupción de su antecesor, el priista César Duarte Jáquez.

En el inicio de la audiencia, la defensa del ex fiscal anunció que presentará los testimonios de dos testigos, de iniciales N.R.S y J.F.R., ambos fueron agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Chihuahua y están relacionados al caso “Expedientes X”.

Además, se informó de dos documentos para refutar la vinculación a proceso, uno es una opinión técnica de la médico Michele Heisler, de PHR, respecto a deficiencias de peritos y sicólogos del Instituto de Educación en Derechos Humanos y Democracia, de la Organización de Estados Iberoamericanos, en el dictamen del Protocolo de Estambul que hicieron a las cinco presuntas víctimas de tortura.

Otro documento que anunció la defensa, fue un informe del sicólogo Aurelio Coronado Mares, especialista del Consejo Certificador en Psicología Forense de México, relacionado a deficiencias técnicas en el dictamen que acredita la tortura sicológica, supuestamente sufrida por los testigos protegidos del caso “Expedientes X”.

La audiencia continúa, luego de la incorporación del abogado Iker Ibarreche Pereda a la defensa del ex fiscal y un receso de cuatro horas que determinó la juez de control Hortensia García Rodríguez.

Francisco G. A. fue detenido el lunes pasado por la Fiscalía estatal y acusado del delito de tortura, en la causa penal 3176/2022.

Según el organismo, Francisco G. A. obtuvo declaraciones de cinco personas mediante coacción; “Los interrogatorios comprendían largos periodos en los que prohibía el agua, alimentos e ir al sanitario, incurría en gritos, actitudes violentas y amenazas contra la víctima y su familia, todo ello calificado como tortura psicológica”, refiere un dictamen del Protocolo de Estambul que realizaron peritos y psicólogos de la Organización de Estados Iberoamericanos

En éste se determinó que “las víctimas presentaron efectos como insomnio, migraña, crisis de ansiedad, gastritis, colitis, problemas renales, ginecológicos o afectaciones en la vida sexual, y sufren actualmente afectaciones como baja autoestima, ansiedad crónica, trastorno post traumático y pensamiento suicida, además de afectaciones sociales relacionadas a pérdida de empleo, estigmatización social, consumo de alcohol y de comida incontrolados”.

“Refirieron presiones y la obligación de estar disponibles las 24 horas del día, para presentarse a declarar en la Casa de Gobierno o Casa Zarco, nunca en las oficinas de la Fiscalía General del Estado, sin que estuvieran privadas de la libertad oficialmente en un centro penitenciario, y la Casa Zarco se convirtió en un centro irregular de interrogatorios”, estipula el informe.