León, Gto. Dos ex funcionarios del gobierno de León (2018-2021) enfrentan procesos de responsabilidad administrativa por el cobro de comisiones en efectivo y en especie, de hasta un 10 por ciento, que aplicaban a empresas que venden productos o servicios a los empleados municipales, informó la contralora Viridiana Márquez Moreno.

En el informe que rindió al Ayuntamiento, la funcionaria ventiló que inició la sustanciación de dos procedimientos de responsabilidad administrativa contra un ex directivo de la Dirección de Desarrollo Institucional, dependencia que hacía los cobros de las reciprocidades.

La Contraloría inició los expedientes PRA/009/2022 y PRA/010/2022 por la falta grave tipificada como abuso de funciones, establecida en el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Al finalizar del informe, la contralora dijo que por el caso del cobro de comisiones en especie y en efectivo que no ingresaban a la Tesorería, inició cuatro procesos contra dos exfuncionarios de la Dirección de Desarrollo Institucional.

Los dos primeros procesos ya fueron turnados al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), ente que puede determinar que no hubo falta, aplicar una sanción económica o una inhabilitación para ocupar cargos públicos, señaló Márquez Moreno.

Los otros dos expedientes, que informó al Cabildo, apenas fueron iniciados y notificados al presunto responsable, que era un director de área, pero no el titular de la Dirección de Desarrollo Institucional, dijo.

—¿Cuál es monto que cobraron por las reciprocidades?

—Esa cantidad no la puedo proporcionar, (ni dar) mayores datos al respecto porque continúa un procedimiento de responsabilidad administrativa.

—¿Pero ya tiene cuantificado cuánto cobraron?

—Es que no podría determinar la totalidad, tendría que existir una determinación para poderme pronunciar sobre determinada cantidad, si fue recabada de manera ilegal.

— ¿Tiene cuantificados cuántos electrodomésticos recibieron?

—Realmente de las evidencias tenemos varios entregables que nos proporcionaron las empresas que tenían convenio.

—¿Las empresas incurrieron en faltas al aceptar dar las dádivas?

—Si estaba fundamentado en ley, la celebración de convenios para el apoyo de servidores públicos, esa cuestión no es la ilegalidad, sino una falta en los controles que existían y la manera en que se realizaban.

—¿El cobro era ilegal?

—Exacto, es la parte que se está imputando en los procedimientos.

Viridiana Márquez dijo que será el Tribunal de Justicia Administrativa quien determine si existe una irregularidad por el dinero que no ingresó a Tesorería.

El cobro de comisiones salió a la luz pública porque la Contraloría interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el robo de 97 mil pesos en efectivo, producto de las reciprocidades. La denuncia ya fue archivada.

El recurso estaba bajo el resguardo del entonces director de Personal, Víctor Chombo López, quien además es investigado por otorgar compensaciones ilegales por 1.2 millones de pesos a sus colaboradores.

En las dos administraciones (2015-2018 y 2018-2021), del alcalde panista Héctor López Santillana, los directores de Desarrollo Institucional, Enrique Sosa Campos y Alberto Martínez Aguayo, firmaron contratos con empresas a las que cobraban comisiones en efectivo y en especie por vender productos y servicios a los siete mil empleados municipales.

A pesar de que los titulares de Desarrollo Institucional firmaron los contratos, la Contraloría no los investiga.

Los directores de Desarrollo Institucional signaron contratos con FAMSA, Financiera Pacto, MetLife de México, Caja Libertad, Previsión Familiar del Bajío, GNP, Cooperativa Memory Servicios, Servicios Pacto, ETESA, Caja Popular la Merced, Óptica Lux, Óptica el Antojo Vission, Óptico Visión Factory, Ópticas Franklin, Ópticas Nueva Era y Funerales Cepeda.

En los documentos plasmaban que tenían que pagar comisiones en efectivo y en especie de hasta un 10 por ciento.

El contrato de GNP —signado el 15 de enero del 2019— estipula que la empresa entregará una comisión en especie del 2.5 por ciento que será -sin impuestos, derechos o ahorro- “los primeros días del mes de diciembre a José Alberto Martínez Aguayo, titular de la Dirección General de Desarrollo Institucional”.

El encargado de elaborar los convenios, recibir, almacenar, resguardar el dinero y los regalos era el entonces director de Administración de Personal Víctor Chombo López, que fue contratado por el gobierno de León a pesar de que, en ese momento, estaba inhabilitado por el municipio de Acámbaro por desviar 25 millones de pesos federales.

El 3 de septiembre de 2021, a 37 días de que terminara la segunda administración de Héctor López, la directora de Políticas Públicas y encargada de Desarrollo Institucional Elizabeth Muñoz García, envió el oficio DGDI/DG/0137/2021 a Víctor Chombo para que informara sobre los convenios firmados con FAMSA y MetLife.

En el documento pide a Chombo que “verifique y me informe el estatus respecto a los regalos que fueron pagados a la tienda Ryse por el proveedor FAMSA, por la cantidad de 169 mil pesos, acompañando la información que permita identificar si los regalos fueron entregados, para el caso de no haber sido entregados llevar a cabo la recepción o el resguardo”.

También pidió el dato de las “acciones ejercidas para el pago del adeudo del proveedor FAMSA por la cantidad de 247 mil 232.60 pesos para el pago de la reciprocidad del año 2020, así como de aquellas cantidades que por ese concepto se hubieran generado hasta la fecha”.

Es necesario un informe sobre los requerimientos a MetLife para que pague un adeudo de tres mil 398 pesos, señala el oficio.