Ciudad de México. Organizaciones de derechos humanos lamentaron que no se alcanzaran los votos suficientes para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara la prisión preventiva oficiosa (PPO), más que para delitos fiscales, como contrabando y uso de facturas falsas.

Yesenia Valdez, coordinadora del área de Litigio Estratégico de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho señaló que invalidar la PPO para delitos fiscales puede considerarse un avance para acotar el catálogo y que las decisiones no sean arbitrarias, “pero la exigencia debe de estar más allá de si está colocada o no en la Constitución, debe de estar desde la procuración de la justicia y desde la exigencia de investigación ante las fiscalías, ante los ministerios públicos, que realicen trabajos de investigación efectivos, que permitan hacer acusaciones, judicializaciones e imputaciones sostenidas”.

Lo anterior, agregó, sólo sucederá “cuando tengamos fiscalías de verdad autónomas y fortalecidas, con el personal adecuado y capacitado”.

En entrevista, sostuvo que la PPO va en contra de los derechos humanos, particularmente del principio pro persona.

La abogada señaló que en México todavía se tiene un rezago “tanto judicial como de investigación, en donde miles de personas (en prisión) esperan -no meses sino años- un proceso o una sentencia que determine su responsabilidad en la comisión de un delito”.

Por otra parte, dijo Valdez, cuando finalmente llega la sentencia y se determina su libertad, “¿qué pasa con los años dentro de una prisión? Recordemos que los centros de reinserción social han sido fallidos para reinsertar” a la persona.

A su vez, la organización Intersecta subrayó que la PPO “es una medida punitiva que priva a las personas de su libertad de manera arbitraria. Viola los derechos humanos y es problemática por donde se le vea: desde la perspectiva de las víctimas, de las personas acusadas y de las instituciones de justicia”.

En tanto, previo a la discusión en la SCJN, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) aseveró que de acuerdo con los estándares internacionales, la prisión preventiva oficiosa “atenta” contra la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la integridad personal, la independencia judicial, la persecución eficaz de los delitos, entre otras garantías.