Santiago. La elección en Chile del próximo Fiscal Nacional se está convirtiendo en la más reciente tormenta política de las varias que castigan al gobierno del presidente Gabriel Boric, también en otra demostración de las debilidades de su administración, luego que el mandatario pidiera al Senado que ratifique el nombre del abogado José Morales Opazo, el candidato predilecto de la derecha y poseedor de una trayectoria cuando menos polémica al interior del Poder Judicial.

Morales es actualmente jefe adjunto de la Fiscalía Santiago Norte y su candidatura a dirigir el Ministerio Público proviene de una quina que la Corte Suprema seleccionó entre 17 aspirantes y que envió a Boric para que escogiera entre ellos uno a proponer al Senado.

Para que sea ratificado se requiere la aprobación de 33 (2/3) de los 50 senadores, una cifra que sí o sí requiere de sumar adhesiones entre la minoría oficialista y la oposición derechista mayoritaria; pero hay sectores pro-gobiernistas que están "partiendo aguas" al a lo menos cuestionar la propuesta presidencial.

Eso se debe a que Morales -conocido por el apodo de "el sepulturero" en el ámbito judicial- es responsabilizado de "enterrar" investigaciones penales donde estaban imputados personajes poderosos de la política y del gran empresariado, al promover y facilitar condenas menores para quienes traicionaron severamente la confianza de la ciudadanía.

Por ejemplo, accedió apenas al pago de una compensación a los consumidores cuando estuvo a cargo de indagar la colusión entre tres cadenas de farmacias que acordaban precios de medicamentos de alto consumo y envió a los ejecutivos responsables a recibir lecciones de ética; o evitó profundizar una investigación en contra de la aerolínea Latam -en tiempos cuando el expresidente Sebastián Piñera estaba entre los accionistas controladores- por un caso de soborno a un funcionario en Argentina y por el cual la compañía pagó una multa de 20 millones de dólares en Estados Unidos.

Morales fue también negligente en una indagación que, finalmente a cargo de otro fiscal, destapó un tremendo caso de corrupción en la policía de Carabineros, donde hay decenas de oficiales involucrados y donde se defraudaron a lo menos 30 millones de dólares.

Mauricio Daza, abogado penalista que litigó en el "caso Cascadas" -una pesquisa acerca de la compraventa fraudulenta de acciones de una minera y que estuvo a cargo de Morales hasta que fue reemplazado porque la investigación estaba paralizada, dijo a RadioAnálisis que la candidatura de éste a liderar el Ministerio Público se explica por "la gran debilidad política del Gobierno y que se traduce en que no cuenta con las mayorías suficiente en el Congreso para impulsar ninguna de las iniciativas que está proponiendo y que involucran cambios estructurales; y exponerse a una derrota en el Senado puede ser complejo".

"Hay un cálculo político, pero el problema es que para evitarse una derrota, está hipotecando el futuro de la persecución penal durante los próximos ocho años. Es muy lamentable como se está dando esto, representa al mundo político en el sentido de que la máxima prioridad para designar a un fiscal nacional, está en que este no sea molesto en el caso que exista alguna causa que involucre al poder político. El interés público queda nuevamente relegado y tenemos un candidato que sólo va a extender y tal vez profundizar la crisis del Ministerio Público", dijo Daza.

Fidel Espinoza, un senador del Partido Socialista -aliado del gobierno- que se ha caracterizado por atacar incluso con saña a personeros del gobierno, acusó anteayer que las ministras del Interior, Carolina Tohá -jefa política del gabinete- y de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, realizaban un "lobby feroz" y "seduciendo para votar por uno" en el Senado.

Eso desató un escándalo que además de los reproches de las ministras aludidas, le valió el de la propia presidenta de su partido, Paulina Vodánovic, quien además de disculparse formalmente con aquellas, dijo que "ha llegado el momento que el Tribunal Supremo conozca de las conductas constantes de ataque personal a distintas personas de la política por parte del senador Espinoza".

Este, lejos de retirarlos, ratificó sus dichos.

Otros frentes complejos

Pero eso no es todo, sino que el gobierno también hace agua por otros costados: enfrenta, por ejemplo, una ofensiva derechista en la Cámara de Diputados, donde la mayoría opositora está empeñada en tomar el control de todas las comisiones (12) para así controlar/bloquear la tramitación de la agenda legislativa gubernamental; también está una vez más sometido a la presión de los gremios de propietarios de camiones, uno de los cuales lanzó un paro indefinido en el norte del país que se ha ido extendiendo a lo largo de miles de kilómetros de carreteras, con bloqueos parciales, y que está afectando la libre circulación y el abastecimiento de importantes ciudades.

"La derecha a la ofensiva para profundizar la crisis. Paralizando al Congreso, paralizando rutas, paralizando las transformaciones pendientes desde octubre 2019. El gobierno no puede seguir cediendo. Es momento de pasar a la ofensiva y eso se hace convocando a la sociedad", publicó en sus redes el alcalde izquierdista de Valparaíso, Jorge Sharp, un aliado circunstancial de Boric.

A todo esto se agrega el estancamiento que muestra la posibilidad de revivir el proceso constituyente, porque a punto de cumplirse tres meses desde que la propuesta de la Convención Constitucional fue rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre, no hay señales de que los partido estén ni siquiera cercanos de llegar a un acuerdo para relanzarlo.

Al contrario, la derecha está empeñada en que cualquier nuevo proceso esté en manos de expertos designados y de parlamentarios en ejercicio, con muy poca o nula participación ciudadana en la elección de un poder constituyente soberano.