Chihuahua, Chih. La juez de control del Poder Judicial de Chihuahua, Hortensia García Rodríguez, dictó prisión preventiva e imputó el probable delito de tortura en contra de Francisco G. A., quien fue coordinador de la Unidad de Investigaciones Especiales y fiscal de Derechos Humanos y Desaparición Forzada durante el gobierno de Javier Corral Jurado (2015-2021).

La defensa de Francisco G. A., prolongó la audiencia de formulación de cargos hasta la madrugada de este jueves, con el debate de la medida cautelar y una solicitud para que el imputado enfrentara los cargos en libertad condicional.

La juez García Rodríguez determinó la medida cautelar de prisión con el argumento de que existe riesgo de sustracción de la justicia por parte de Francisco G. A., pues el delito de tortura se castigá con hasta 15 años de cárcel, según la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado de Chihuahua.

El ex fiscal quien encabezó las investigaciones contra la red de corrupción del ex gobernador priista César Duarte, quedará recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número uno, del municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua y la juez de control fijo la fecha para la audiencia de vinculación o no a proceso penal, el próximo sábado.

“Se garantiza la seguridad del imputado en el Centro de Reinserción Social, brindando trato igual y apegado a los derechos humanos como cualquier otra persona privada de la libertad”, aseguró la Fiscalía del estado en un boletín de prensa, relacionado a la audiencia de imputación y la medida cautelar.

Detalló que “en una jornada que se prolongó por varias horas, la juez de control escuchó los datos de prueba, los cuales obran en la carpeta de investigación iniciada tras una denuncia recibida en diciembre de 2021, en la que la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió sobre posibles hechos relacionados con tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

La acusación en contra del ex fiscal de la administración de Javier Corral, está sustentada en una investigación “seria y profesional, y un equipo de expertos levantó declaraciones y evidencias, estudios y análisis, incluida la aplicación del Protocolo de Estambul, mismo en el que colaboró el Centro Iberoamericano de Formación en Derecho Internacional y Derechos Humanos”.

Los señalamientos que se le imputan a Francisco G. A., ocurrieron en un domicilio de la ciudad de Chihuahua, durante el periodo comprendido de febrero del año 2017 a noviembre de 2018, cuando, en ejercicio de sus funciones como agente del Ministerio Público, torturó psicológica y físicamente a una víctima de identidad reservada.

“Una vez realizado el señalamiento, robustecido con 19 testigos que deponen en su contra, el órgano jurisdiccional definirá su situación jurídica el sábado 26 de noviembre cuando se efectúe la audiencia de vinculación o no a proceso”, finalizó la autoridad.