Ciudad de México. La familia de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido el 25 de agosto de 1974 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, acompañada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que declare el estado de desacato de la sentencia que emitió sobre este caso hace 13 años. Ello, argumentaron, debido a que el Estado mexicano no ha llevado a cabo “acciones serias para llevar a los responsables ante la justicia”, ni para dar con el paradero de la víctima y garantizar una ruta integral de salud para sus familiares.
Tita Radilla sostuvo que la última diligencia de búsqueda de su padre, en el terreno que antes ocupaba el cuartel de la 27 Zona Militar, en Atoyac de Álvarez -el cual servía de prisión clandestina y donde habría sido trasladado por soldados-, fue entre abril y mayo de 2019.
“Se hicieron solamente la mitad de las diligencias porque no proporcionaron el recurso necesario ni material ni humano para que se terminaran”, dijo en conferencia de prensa.
Víctor A. Del Pozo, subdirector de CMDPDH, informó que en la solicitud enviada a la CoIDH también se pide que remita la situación del incumplimiento ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos y que adopte medidas de supervisión reforzadas, para que el Estado mexicano rinda informes en una periodicidad más corta.
Señaló que dicha solicitud responde también a que en el marco de la supervisión de cumplimiento de la sentencia ante la Corte Interamericana, el Estado solicitó que se tuviera por totalmente cumplida, “a pesar de que no han tomado acciones efectivas para garantizar los derechos a la verdad y la justicia, así como otras formas de reparación”.
Asimismo, pidieron que la CoIDH convoque a una audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia y que adopte medidas provisionales para evitar que se consume otro daño irreparable a los derechos de las víctimas.
Del Pozo igualmente dio a conocer que presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de todas las autoridades involucradas en el cumplimiento de la sentencia, particularmente el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Dirección de Resoluciones de la Coordinación de Asuntos Internacionales de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y el Congreso de la Unión.
Lo anterior, para que la CNDH emita una recomendación, para que se reconozcan las violaciones a derechos humanos que se han cometido contra la familia Radilla y pida al Congreso de la Unión crear una Ley General de Cooperación con Organismos Internacionales de Derechos Humanos, que permita que el impulso del cumplimiento de decisiones internacionales deje de depender de la Secretaría de Gobernación.
Tita Radilla manifestó que a 48 años de la desaparición forzada de su padre “no hay justicia, no se han hecho los procedimientos necesarios para poder encontrarlo”. Esta impunidad, agregó, “ha generado también que hoy tengamos miles y miles de personas desaparecidas en nuestro país, que también no están sido atendidas las víctimas”.
