Chihuahua, Chih. El ex fiscal en investigación de violaciones a derechos humanos y desaparición forzada de Chihuahua y principal investigador de los Expedientes X, Francisco G. A., compareció este martes en audiencia de formulación de cargos, ante la juez de control Hortensia García Rodríguez, y acusado por la Fiscalía del estado del delito de tortura, en la causa penal 3176/2022.
Al cierre de esta edición la audiencia continuaba, en la sede del Tribunal de Justicia estatal en la capital del estado, sin concluir la lectura de las declaraciones de al menos 14 testigos que sustentaron la acusación, y con la mención del ex gobernador Javier Corral Jurado en la carpeta de investigación pues los presuntos actos de tortura fueron parte de la “Operación Justicia para Chihuahua” o “Expedientes X”, que fue la estrategia jurídica de la administración del panista para castigar la corrupción de su antecesor, César Duarte Jáquez.
El ex fiscal e imputado, Francisco G. encabezó su propia defensa legal, acompañado de los abogados Roberto López, Alfonso Pérez, Pamela Medina, Carlos Torres y Cristina Miramontes, mientras que, por la parte acusadora comparecieron la agente del ministerio público, Erika Alvídrez, y Guillermo Saucedo, asesor jurídico de la víctima, identificaa con la identidad reservada JJBP1/2021, quien sufrió los presuntos actos de tortura.
Al inició de la audiencia, la defensa informó de un juicio de amparo para dejar sin efecto la orden de aprehensión y pidió que Francisco G. enfrentara en libertad los señalamientos por tratos inhumanos y degradantes, también argumentó que no existen elementos para establecer el delito de tortura, señalado por funcionarios de la gestión del ex priísta César Duarte Jáquez (2010-2016), a quienes se procesó por delitos de corrupción en los Expedientes X, según denuncias públicas.
La juez de control desechó la petición de la defensa porque el juicio de amparo fue tramitado después de que agentes de la Fiscalía ejecutaron la orden de aprehensión, asimismo, negó violaciones al debido proceso en la detención del exfiscal, luego que los defensores señalaron que una visitadora de Derechos Humanos constató que Francisco G. fue incomunicado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número uno, el día de su detención.
Además, la defensa y el exfiscal plantearon que el delito de tortura no requiere prisión preventiva oficiosa, debido a que no está establecido en el artículo 19 de la Constitución, “hay un error, pues la Fiscalía pide la orden de aprehensión y prisión preventiva, cuando por el delito que se me busca acusar, no lo amerita”, defendió quien fuera el encargado de la integración de carpetas de los “Expedientes X” en la administración de Javier Corral.
El Ministerio Público justificó que los tratos crueles, inhumanos o degradantes, en los que presuntamente incurrió Francisco G. A. y de los que dio vista la Comisión Nacional de Derechos Humanos, engloban el delito de tortura y ameritan prisión preventiva oficiosa, ya que el acusado los realizó en su calidad de agente ministerial y servidor público.
Según la acusación de la Fiscalía, el ex fiscal Francisco G. A., obtuvo declaraciones de imputados y testigos mediante coacción, con gritos, al dejarlos encerrados sin comer y sin ir al baño, y con amenazas hacia las víctimas y sus familias.
La víctima de identidad reservada JJBP1/2021, quien refirió que fue testigo protegido e imputado en Los Expedientes X, y colaboró en la investigación y procesos penales que el gobierno de Corral inició contra los exfuncionarios de César Duarte, denunció haber sufrido interrogatorios con tal tortura psicológica, los cuales se llevaron a cabo en la casa de gobierno, ubicada en la avenida Zarco de la ciudad de Chihuahua, entre febrero del año 2017 y noviembre de 2018, donde en esas fechas era la sede de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía estatal.
“Francisco G., a fin de obtener información y datos de prueba relacionado a los delitos de peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades, causó sufrimiento al testigo con identidad reservada JJBP1/2021, quien en las mencionadas carpetas de investigación tenía calidad de testigo protegido e imputado, y junto con la agente del ministerio público Elisa Peña Yáñez ejerció intimidación, coacción mediante gritos de forma violenta, con amenazas de que enviarían a la víctima y a su familia a la cárcel; lo incomunicaron con largas jornadas de interrogatorio sin comer, tomar agua ni ir al baño, coacción que se dio al momento citar a la víctima en la Casa Zarco”, acusó el Ministerio Público.
